
Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, el exmando suspendió su entrega tras una llamada telefónica.

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, canceló su entrega a las autoridades de Estados Unidos luego de que su pareja le llamó por teléfono.
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Así lo dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola en su columna para El Universal, donde señala que el exfuncionario ya iba camino a Tijuana para cruzar la frontera cuando recibió la advertencia, lo que lo obligó a regresar a Culiacán.
Según la información, el Departamento de Justicia estadounidense ya tenía todo listo para recibir al exmando policial, a quien acusan de supuestamente recibir sobornos del cártel de "Los Chapitos", pero la llamada telefónica frenó el acuerdo de colaboración.

La columna señala que la esposa del sinaloense recibió un mensaje de altos mandos donde le advirtieron sobre las agresiones que sufrirían ella y sus hijos si el exjefe ministerial pactaba con los norteamericanos.
Tras colgar el teléfono, reveló Loret de Mola, el exfuncionario dio la media vuelta y regresó a territorio sinaloense, y como prueba de que seguía en el país, grabó y distribuyó un video en el que afirmó que seguía en México.
Según el periodista, el intento de escape de Marco Antonio Almanza comenzó días antes, luego de acudir junto al vicefiscal con licencia, Dámaso Castro, a una entrevista en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán para hablar sobre la violencia en el estado.
Por el tipo de preguntas que les hicieron, ambos mandos ministeriales detectaron que el gobierno federal planeaba culparlos a ellos para limpiar los nombres del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
Con su experiencia policial, el exjefe de investigación se dio cuenta de la estrategia y decidió huir hacia la frontera para buscar un beneficio legal con las agencias estadounidenses antes de ser posiblemente detenido en México.

A finales de abril, la justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Marco Antonio Almanza junto a 10 funcionarios más, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con Los Chapitos.
El expediente señala al exmando de supuestamente figurar en la nómina criminal recibiendo sobornos mensuales de 300 mil pesos a cambio de filtrar operativos, liberar detenidos y abrir rutas para químicos precursores.
Los cargos formales que enfrenta en la corte norteamericana son:
De llegar a ser presentado ante el tribunal extranjero, el exjefe policial enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.