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Juan José Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, familiares de “El Abuelo”, fueron imputados en Estados Unidos por operar una red de tráfico de metanfetaminas.

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas acciones judiciales contra presuntos integrantes de la organización criminal Cárteles Unidos, al presentar cargos por narcotráfico y otros delitos contra Juan José “Juanjo” Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, hijo y sobrino, respectivamente, de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, considerado uno de los principales líderes de ese grupo con presencia en Michoacán.

Las imputaciones fueron presentadas este miércoles ante la Corte de Distrito de Columbia, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con las autoridades, Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37, ocupaban posiciones de alto rango dentro de la organización criminal y habrían participado en operaciones relacionadas con la producción y distribución de metanfetaminas destinadas al mercado estadounidense.
Además de los cargos por conspiración para traficar drogas, ambos son acusados de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, luego de que el gobierno de Estados Unidos clasificara a Cárteles Unidos bajo esa categoría.

También enfrentan señalamientos por el uso, portación y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, en actividades vinculadas al tráfico de drogas. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.
“Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar cantidades inmensas de metanfetaminas a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”, afirmó el fiscal general asistente A. Tysen Duva.
El funcionario destacó además que ambos procesados son familiares cercanos de “El Abuelo”, quien ya había sido acusado por autoridades estadounidenses en 2024.
“Esta acusación demuestra el esfuerzo enfocado y sistemático de la división criminal para desmantelar a los cárteles mexicanos, apuntando a sus líderes, incluyendo sus círculos cercanos”, agregó Duva al explicar el alcance de la estrategia emprendida por Washington contra las organizaciones criminales mexicanas.
Por su parte, Francis M. Hamilton III, fiscal de la Corte de Distrito Este de Tennessee, señaló que la investigación contra Cárteles Unidos se originó tras el decomiso de metanfetaminas en una pequeña comunidad cercana a Knoxville. Según explicó, el caso permitió rastrear una red de distribución más amplia vinculada al grupo criminal.

Hamilton aseguró que las acusaciones reflejan el compromiso de las autoridades estadounidenses para “eliminar a los cárteles y perseguir a sus líderes, miembros y a quienes los apoyan, que ponen en peligro a nuestras comunidades con drogas peligrosas y violencia”.
Las autoridades federales también subrayaron el papel de las agencias de seguridad en la investigación. John Condon, director ejecutivo asociado en funciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), acusó a Cárteles Unidos de “atizar la violencia, adicción e inestabilidad tanto en Estados Unidos como en el extranjero”.
“Seguiremos usando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades, desestabilizar a las empresas criminales transnacionales y garantizar que quienes amenazan la seguridad de nuestra nación enfrenten la justicia”, sostuvo el funcionario.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Cárteles Unidos opera desde Michoacán, pero mantiene una extensa red de distribución de drogas que alcanza diversas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago.
Las autoridades estadounidenses afirman además que la organización ha extendido sus operaciones hacia Europa, Australia y otras regiones del mundo, lo que la convierte en uno de los objetivos prioritarios dentro de la estrategia de combate al narcotráfico internacional.