
Foto: Depositfiles
El crimen organizado ya no sólo trafica alcohol ilegal: controla quién vende, quién distribuye y cuánto cuesta la cerveza y los licores en diversas regiones de México.

El crimen organizado convirtió la venta y distribución de bebidas alcohólicas en México en un mercado bajo su control, donde ya no solo se trafican productos ilegales, sino que se regula quién vende, quién distribuye, cuánto cuesta y qué se consume en bares, depósitos, tiendas, ferias, antros, comercios informales y puntos de venta clandestinos.
La operación se mueve en tres frentes distintos: alcohol adulterado o apócrifo, licores legales introducidos de contrabando y bebidas originales robadas en carretera, incluida la cerveza, que aparece como uno de los productos más codiciados por su consumo masivo, rápida salida en efectivo y facilidad para imponer precios en territorios controlados.
El mayor riesgo para el consumidor está en las botellas adulteradas con metanol u otras sustancias industriales, usadas para sustituir el alcohol etílico y reducir costos, así como en el alcohol apócrifo, que se fabrica con botellas originales recolectadas en bares y restaurantes, rellenadas con producto de baja calidad y selladas con tapas, precintos y marbetes falsos o clonados.

A diferencia del alcohol adulterado, el licor de contrabando puede contener producto original y químicamente seguro, pero entra al país de manera ilegal, ya sea por rutas sin control aduanal o mediante declaraciones falsas, subfacturación o manipulación de marbetes, lo que permite convertir mercancía en efectivo e integrar recursos ilícitos a la economía formal.
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La cerveza es uno de los puntos centrales del control territorial. En Taxco, Guerrero, grupos criminales han prohibido su venta en cadenas formales como Oxxo y Neto, restringiendo el suministro a comercios bajo su control y elevando los precios, como el six-pack de Corona media vendido en 186 pesos frente a un costo de referencia de 114, o tres latones de Modelo en 198 pesos cuando su precio normal sería de 99.

En el Estado de México, principalmente en Metepec, Calimaya, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, La Familia Michoacana impone proveedores únicos a depósitos de cerveza y otros comercios, entrega mercancía no solicitada con listas de precios obligatorios y amenaza con ataques armados, incendios, secuestros o asesinatos a quienes compren por canales legales.
En la Ciudad de México, particularmente en la Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico, La Unión de Tepito y sus escisiones presionan a dueños y gerentes de bares y antros para permitir la venta de droga dentro de pistas y baños, además de imponer cobros de piso y aprovechar que decenas de establecimientos operan con irregularidades administrativas o sin uso de suelo para venta de alcohol.

Guanajuato concentra uno de los ejemplos más graves del riesgo sanitario, porque en la comunidad Puerto del Valle, en Salamanca, una fiesta de XV años terminó con cuatro personas muertas y 36 hospitalizadas por consumir alcohol adulterado con metanol, adquirido mediante redes sociales y entregado físicamente cerca de la Central de Abastos en León.
El mercado también se alimenta con alcohol original robado a camiones de carga, especialmente cerveza, que después se desvía a depósitos y comercios controlados por grupos criminales; en Sonora, durante el desabasto de 2020, el producto fue acaparado y vendido en “aguajes” o “taxi aguajes” hasta en mil 200 pesos por paquete de 24 latas, mientras que en Tamaulipas se reportan cuotas a repartidores y despojo de depósitos familiares.
En el mapa del mercado ilegal de bebidas alcohólicas aparecen organizaciones con presencia y métodos distintos como el CJNG, La Unión de Tepito y sus escisiones, La Familia Michoacana, Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel de Sinaloa, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Caballeros Templarios y el Cártel Chamula.

Su participación va desde la extorsión a bares, depósitos y repartidores, hasta la imposición de proveedores, el cobro de piso, el acaparamiento de cerveza, la venta de alcohol apócrifo y el uso del contrabando como vía para lavar recursos.
La mayor presión se concentra en corredores donde el alcohol deja ganancias rápidas y permite dominio territorial como Taxco y Acapulco, en Guerrero; Celaya, Salamanca, Irapuato y León, en Guanajuato.
La Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico, en la Ciudad de México, Metepec, Calimaya, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; además de Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa, donde se reportan esquemas de extorsión, distribución forzada, despojo de negocios, venta clandestina o control de permisos y puntos de consumo.

La falsificación se sostiene con marbetes clonados, códigos QR manipulados, botellas reutilizadas, etiquetas irregulares, tapas alteradas y sellos de seguridad apócrifos, por lo que el riesgo ya no está solo en comprar barato o en redes sociales, sino en consumir cualquier botella sin verificar su procedencia, porque detrás de ese mercado hay extorsión, lavado de dinero, control territorial y, en el peor escenario, una amenaza directa para la vida.