Gobernar o prohibir el futuro

Mientras México comienza a debatir una ley para regular la inteligencia artificial, la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes. El reto ya no consiste únicamente en establecer reglas para proteger datos personales, prevenir los deepfakes o garantizar derechos digitales, sino en evitar que el marco jurídico quede rebasado desde el momento mismo de su aprobación.

Los tiempos legislativos nunca han sido ágiles. En México, la discusión y aprobación de iniciativas depende de coyunturas políticas. En menos de una semana, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobó las reformas constitucionales relacionadas con la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones, al menos 17 congresos locales dieron su visto bueno y el Diario Oficial de la Federación publicó la legislación.

Hay otros casos que no han corrido la misma suerte. En 2015 la Suprema Corte dictó un histórico fallo, al invalidar la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana. En 2021 hubo avances legislativos pero la despenalización general sigue pendiente.

Pero nunca habíamos tenido este nivel de desfase. Hace apenas tres años la conversación pública giraba alrededor de los algoritmos que recomendaban videos o películas. Hoy hablamos de modelos capaces de redactar investigaciones, producir imágenes hiperrealistas, generar código informático, crear música y traducir simultáneamente decenas de idiomas. Mañana, probablemente, estaremos discutiendo capacidades que todavía no imaginamos.

¿Qué ha ocurrido en el mundo? La Unión Europea optó por una regulación basada en niveles de riesgo, estableciendo mayores obligaciones para las aplicaciones con capacidad de afectar derechos fundamentales. Estados Unidos ha privilegiado un modelo que impulsa la innovación y limita la regulación excesiva. China, por su parte, ha desarrollado un esquema mucho más centralizado, donde el Estado conserva amplias facultades de supervisión.

Ninguno de estos modelos puede considerarse definitivo. Todos enfrentan el mismo problema: la tecnología avanza más rápido que las normas que buscan contenerla.

Por eso, ninguna legislación será suficiente si se concibe como un documento estático. Regular la IA exige construir instituciones capaces de aprender, revisar permanentemente sus criterios y adaptarse a escenarios inéditos.

Además, no basta con discutir la protección de datos personales o la responsabilidad frente a contenidos falsos. También será necesario abordar la transparencia de los algoritmos, la rendición de cuentas cuando una decisión automatizada afecte derechos, la protección frente a sesgos discriminatorios, la propiedad intelectual de los contenidos generados por IA y la responsabilidad jurídica de quienes desarrollan, comercializan o utilizan estos sistemas.

Es indispensable que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tengan claro que la regulación no debe convertirse en un obstáculo para la innovación y evitar, a toda costa, la lógica prohibicionista.

Lo que está en juego es la capacidad del Estado para gobernar una innovación que redefine la economía, modifica el mercado laboral y transforma la relación entre ciudadanos, empresas y gobiernos. La inteligencia artificial no esperará a que concluyan los tiempos legislativos ni se adaptará a los calendarios parlamentarios.

Gobernar el futuro significa construir reglas que sean capaces de evolucionar al mismo ritmo que la tecnología y colocar a las personas en el centro de esa transformación.