Sin defensa ante la UIF

Los mexicanos ya no tenemos defensa frente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Si esta decide congelar nuestras cuentas bancarias, aunque no haya justificación legal, ya no podremos defendernos: a los tribunales de amparo se les ha prohibido otorgar suspensiones contra los actos de la UIF.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando todavía era independiente, estableció jurisprudencia clara y sólida que protegía los derechos de los ahorradores e inversionistas. Lo hizo en 2019, cuando la segunda sala falló que la UIF solo podía congelar cuentas cuando hubiera una solicitud expresa de una autoridad extranjera o un organismo internacional (2ª./J. 87/2019 [10a.]), y lo ratificó en 2024, cuando señaló que la petición internacional debía ser estricta, clara y precisa (117/2024 {11a.]).

Esta jurisprudencia ha sido simplemente abolida por la nueva Corte, la cual determinó este 12 de agosto, por ocho votos contra uno, que ningún juez de amparo, sin importar las circunstancias jurídicas, podrá otorgar una suspensión ante un congelamiento de cuentas de la UIF. Este fallo se suma al del 6 de abril pasado en que la Corte del acordeón determinó que la UIF puede bloquear cualquier cuenta sin necesidad de contar con una orden judicial.

Los nuevos poderes de la UIF no son solo enormes, al grado de que pueden devastar en un instante las finanzas de cualquier empresa o persona, sino que se ejercen sin ningún tipo de control judicial. Son facultades dignas de una dictadura.

En un verdadero estado de derecho los poderes del ejecutivo tienen siempre el contrapeso de los tribunales, que se aseguran de que haya una justificación jurídica para cada acción, o de instituciones que defienden los derechos de los gobernados ante los abusos de la autoridad, como las comisiones de derechos humanos o las de defensa de los contribuyentes. En México, los gobiernos de la 4T han optado por fortalecer los poderes del ejecutivo al máximo y han dejado sin defensa a los gobernados.

La UIF puede congelar las cuentas bancarias de una empresa o de una persona sin ninguna limitación. No necesita una orden de un juez, tampoco presentar pruebas; la simple sospecha es suficiente. No necesita siquiera notificar al afectado, quien solo se entera cuando trata de pagar alguna cuenta. Al dejar sin recursos a las víctimas, la autoridad impide también la posible contratación de algún abogado, lo cual las deja sin derecho a la defensa.

La presidenta Sheinbaum se queja de que la iniciativa privada no está invirtiendo lo que deberían en el país. Por eso convoca a reuniones frecuentes de los empresarios más ricos en Palacio Nacional para empujarlos a invertir dentro de los lineamientos del Plan México.

Y quizá los mayores empresarios, los que tienen contacto personal con la mandataria y cuentan con legiones de abogados y contadores, sí se pueden arriesgar. Para los pequeños y medianos, sin embargo, México se ha convertido en el país del terrorismo financiero. Cualquier ahorro, cualquier inversión financiera, puede ser congelada por el gobierno en el momento en que quiera y sin necesidad de justificaciones jurídicas.

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