Arturo Damm alerta por nuevo impuesto a celulares: ‘¿Quién eres tú para meter la mano en mi bolsillo?’

El economista Arturo Damm cuestionó en entrevista para Político MX la propuesta de aplicar un cobro del 2% a consumidores de celulares, tabletas, computadoras, pantallas y memorias USB, al considerar que se trata “de una medida injusta, excesiva y potencialmente conflictiva para el país”.

“Gravar con un impuesto algo que es una herramienta de trabajo me parece un despropósito”, afirmó Arturo Damm al criticar la propuesta de aplicar el impuestos a los dispositivos tecnológicos.

Damm sostuvo que, incrementar la carga fiscal — que llevaría a 18 impuestos federales distintos—, encarecería herramientas que actualmente son indispensables para el trabajo y el estudio; podría ampliar la brecha digital; y al aplicarse a productos importados, generar incluso un posible conflicto bajo las reglas del T-MEC.

El especialista señaló que la aprobación de este cobro elevaría aún más la carga tributaria para los consumidores mexicanos, pues significaría la creación de un nuevo gravamen en un sistema fiscal que ya cuenta con múltiples contribuciones federales.

Iniciativa viola el derecho de propiedad intelectual

A su juicio, el problema central radica en el principio de imponer un pago obligatorio a todos los compradores de tecnología, independientemente de si realizan o no actividades que vulneren derechos de propiedad intelectual.

“El objetivo de la propuesta es cobrarle un 2% a la compra de celulares, tabletas, computadoras, pantallas y memorias USB porque con esos aparatos se pueden realizar copias privadas de música, películas o libros”.

“El problema es que no se castigaría a quien efectivamente viola el derecho de propiedad intelectual, sino a todos por igual. Es literalmente hacer que paguen justos por pecadores y sancionar a las personas antes de que hayan cometido alguna infracción”, afirmó Damm.

En la entrevista, el especialista expuso que se trata de una cuestión de principios sobre el respeto a la propiedad privada.

Explicó que aunque un cobro del 2% pueda parecer bajo para algunas personas, el verdadero problema no es cuantitativo, sino que un grupo de personas se crea con el derecho de disponer de la propiedad y los ingresos de los demás como les dé la gana.

“A ver, ¿quién eres tú para meter de tal manera la mano en mi bolsillo y extraerme un 2% cada vez que yo compre un celular, una tableta, una computadora, inclusive una memoria USB? Sí, ¿quién eres tú?”, cuestionó.

Tratan de extraer el dinero a los ciudadanos

Dam criticó que se intente justificar la extracción de dinero a los ciudadanos (adicional al 16% de IVA que ya pagan) sobre herramientas que hoy en día son indispensables para trabajar y estudiar, bajo la suposición de que tienen el derecho de hacerlo.

El economista explicó que los impulsores de la iniciativa argumentan que resulta prácticamente imposible identificar a quienes realizan copias privadas de contenidos protegidos, por lo que buscan establecer una compensación generalizada para los autores afectados.

Según las estimaciones que se han difundido, el 95% de lo recaudado se distribuiría entre autores y compositores a través de sus organizaciones representativas, mientras que el 5% restante sería destinado a la Secretaría de Cultura. No obstante, Damm cuestionó la viabilidad técnica de determinar qué autores fueron afectados y si la distribución de los recursos sería realmente justa.

Otro de los puntos que genera preocupación es el impacto económico sobre los consumidores. El especialista recordó que los dispositivos tecnológicos han dejado de ser artículos de lujo para convertirse en herramientas esenciales para el trabajo, la educación y la comunicación cotidiana.

En ese sentido, advirtió que cualquier incremento en su precio podría afectar el acceso a la tecnología y profundizar la brecha digital existente en México.

“Hace 25 o 30 años un teléfono celular podía ser visto como un artículo de lujo o de distinción social. Hoy la realidad es completamente distinta: los celulares, las computadoras y las tabletas son herramientas de trabajo y de estudio para millones de personas”, mencionó.

Además explicó que encarece el acceso a la productividad y puede ampliar la brecha digital en el país.

Damm también advirtió sobre posibles implicaciones internacionales derivadas de la medida. Debido a que una gran parte de los dispositivos tecnológicos comercializados en México son importados, principalmente desde Estados Unidos, el economista considera que el cobro podría ser interpretado como una barrera comercial o incluso como un arancel.

Esto abriría la puerta a controversias dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en un contexto de alta sensibilidad en materia comercial.

“Si este cobro termina considerándose un impuesto aplicado a productos importados, el gobierno de Estados Unidos podría interpretarlo como un arancel. Aunque el objetivo declarado no sea recaudar más ni proteger a la industria nacional, el hecho de gravar mercancías que provienen del extranjero podría generar cuestionamientos dentro del T-MEC y abrir un nuevo frente de conflicto comercial para México”, señaló.

La discusión también ha puesto sobre la mesa la ruta legal mediante la cual podría aprobarse la medida. Damm recordó que una iniciativa similar fue rechazada por el Congreso en 2021, incluso con votos de legisladores de Morena.

Por ello, considera que los promotores del proyecto buscarían evitar el proceso legislativo al presentar el cobro como una “remuneración compensatoria por copia privada” y no como un impuesto formal, lo que permitiría su implementación mediante disposiciones administrativas emitidas por la Secretaría de Cultura y el Indautor.

El economista cuestionó la dificultad de definir qué constituye exactamente una copia privada y cómo sería posible identificar a los responsables de una eventual violación a los derechos de autor. Señaló que millones de personas utilizan diariamente plataformas como Spotify o Netflix, lo que complica establecer con claridad cuándo existe una reproducción ilegal de contenidos y quién debe ser sancionado por ello.

Esa lógica, concluyó, representa un precedente preocupante para la relación entre ciudadanos, contribuyentes y autoridades.

“El tema no es que sea solamente un 2%. Es una cuestión de principio. Lo que se está planteando es meter nuevamente la mano en el bolsillo del contribuyente bajo la idea de que quizá cometa una infracción en el futuro. No se puede castigar a una persona por algo que todavía no ha hecho. Por eso considero que esta propuesta es profundamente injusta y un abuso contra los consumidores”, concluyó.