De la doble nacionalidad al Presupuesto: los temas que encenderán al Congreso rumbo a 2027

La LXVII Legislatura se alista para un periodo de sesiones marcado por una agenda política, económica y electoral de alto impacto, en el que las polémicas iniciativas del gobierno federal encenderán el debate entre las distintas fuerzas políticas.

Entre los polémicos temas que llegarán al Congreso en este periodo destacan la reforma para restringir la doble nacionalidad en determinados cargos públicos; la incorporación de la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones; la regulación de la inteligencia artificial y las redes sociales; los nuevos controles sobre la inversión extranjera y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum presenta sus iniciativas como una apuesta por fortalecer la soberanía y proteger al país frente a nuevos riesgos, las propuestas han despertado críticas por los alcances que podrían tener. Especialistas y partidos de oposición advierten que bajo el argumento de reforzar al Estado, podrían abrir la puerta a restricciones en derechos políticos, libertad de expresión, certidumbre jurídica y competencia electoral.

El momento político aumenta la relevancia de estas discusiones. Por ello, uno de los principales focos rojos será determinar si las nuevas reglas fortalecen las instituciones o si pueden convertirse en herramientas que amplíen las facultades del Estado sobre candidatos, información, inversiones y procesos electorales.

Doble nacionalidad: ¿soberanía o restricción de derechos?

Uno de los primeros debates será la iniciativa presidencial para modificar las condiciones de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta establece que las personas con otra nacionalidad adicional a la mexicana, tendrían que renunciar expresamente a ella antes de solicitar su registro como candidatas. Además, durante el ejercicio del cargo no podrían adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos frente a otro Estado o recurrir a protección diplomática de otro país.

Sheinbaum ha defendido la propuesta bajo un argumento de lealtad y soberanía. Ha explicado que “cuando se tiene doble nacionalidad, pueden existir dos intereses”, por lo que quienes encabecen los principales gobiernos del país deberían mantener una relación exclusiva con México.

El primer foco rojo es determinar si la reforma realmente llena un vacío constitucional. El artículo 32 ya contempla restricciones para ciertos cargos reservados a mexicanos por nacimiento. Al respecto, el jurista Santiago Corcuera resumió esta discusión al señalar: “Están poniendo explícito lo que ya está implícito”.

El problema también alcanza los derechos político-electorales. PAN y PRI han cuestionado que poseer una segunda nacionalidad convierta automáticamente a una persona en menos mexicana o implique una doble lealtad.

Desde esta perspectiva, obligar a renunciar a una ciudadanía legalmente adquirida para poder ejercer el derecho a ser votado podría constituir una restricción desproporcionada, de acuerdo a la oposición.

El factor electoral será determinante. Modificar los requisitos de elegibilidad cuando los partidos ya perfilan aspirantes rumbo a 2027 y 2030 inevitablemente abrirá cuestionamientos sobre quiénes pueden resultar beneficiados o perjudicados por las nuevas reglas.

Injerencia extranjera: el riesgo de anular una elección

Otra de las reformas que generará una confrontación en el Congreso es la propuesta para incorporar la injerencia extranjera como causal expresa de nulidad electoral.

La intención es modificar la legislación electoral para que un proceso federal o local pueda invalidarse cuando se compruebe la intervención directa o indirecta de gobiernos, organizaciones o actores extranjeros con la intención de modificar las preferencias de los ciudadanos o influir en los resultados.

La controversia está en determinar exactamente qué deberá entenderse como “injerencia extranjera” y qué pruebas serían suficientes para anular los votos emitidos por los ciudadanos.

Las críticas han surgido incluso fuera de los partidos tradicionales de oposición. Luis Armando Melgar, del PVEM, calificó la propuesta como “un despropósito”; mientras que Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió: “Defender la soberanía electoral sí; construir herramientas ambiguas para el uso político, no”.

Ricardo Anaya llevó el cuestionamiento al terreno de la libertad de expresión. El coordinador del PAN en el Senado advirtió que la reforma contiene una definición que, por su amplitud, podría abrir la puerta a controlar lo que medios de comunicación y usuarios publican en redes sociales, por lo que acusó que detrás de la propuesta podría haber un intento de censura.

El foco rojo está en los alcances secundarios de la reforma. Una investigación periodística publicada desde otro país, información difundida por una organización con financiamiento extranjero o una campaña digital originada fuera de México podrían eventualmente formar parte de un litigio para solicitar la nulidad de una elección.

Por su parte, el exconsejero electoral Benito Nacif ha advertido para Uno TV, que, si las reglas no establecen una frontera clara, investigaciones periodísticas o denuncias de organizaciones internacionales podrían utilizarse como argumentos para impugnar resultados electorales. Eso podría generar un efecto inhibitorio sobre la circulación de información durante las campañas.

La propuesta también tiene defensores. Benjamín Robles, integrante de la dirigencia nacional del PT, la respaldó a título personal y la definió como “un escudo protector para la democracia contra la injerencia de Estados Unidos”.

¿Cuál es el riesgo de censura en la regulación de la IA y las redes sociales?

La inteligencia artificial y las plataformas digitales representan otro terreno complejo. Gobierno y oposición coinciden en que México necesita actualizar su legislación frente a tecnologías que ya tienen efectos sobre la privacidad, la información, la propaganda electoral y la comunicación política.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó abrir una discusión pública sobre la concentración del poder en las plataformas digitales y las regulaciones internacionales en la materia. Explicó que el objetivo es analizar tanto los usos positivos como los riesgos que la inteligencia artificial y las redes sociales representan para la sociedad actual.

PAN y PRI han impulsado propuestas dirigidas a establecer principios éticos, responsabilidades y mecanismos para enfrentar problemas como los sesgos algorítmicos, el uso indebido de datos personales y la manipulación de imágenes, audios o videos mediante herramientas digitales.

La polémica comienza cuando se definen los contenidos que serán regulados y las sanciones correspondientes.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, ha advertido que la regulación planteada para el contenido electoral producido mediante inteligencia artificial tiene una redacción que “podría abrir la puerta a mecanismos de censura”.

La propuesta establece que los contenidos vinculados con los procesos electorales “que sean modificados o alterados mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología” deberán ser etiquetados por quien los emita.

La intención es impedir que videos, audios o imágenes falsos sean utilizados para atribuir declaraciones o acciones inexistentes a candidatos. El foco rojo, sin embargo, consiste en evitar que el concepto de contenido “alterado” sea tan amplio que termine alcanzando memes, montajes, parodias, sátiras o expresiones críticas.

La discusión será especialmente relevante rumbo a 2027, cuando buena parte de la propaganda, los ataques y el debate político se desarrollarán en plataformas como Facebook, X, TikTok y YouTube. Una mala definición podría convertir la regulación de contenidos falsos en una herramienta para sancionar expresiones legítimas.

Inversión extranjera: seguridad nacional entra a decisiones económicas

Otro frente será la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, que pretende someter determinadas operaciones de capital foráneo en sectores estratégicos a una revisión por razones de seguridad nacional.

Uno de los cambios más relevantes sería la participación del Gabinete de Seguridad en la evaluación de inversiones, incorporando a dependencias vinculadas con Defensa, Marina y seguridad pública en decisiones que tradicionalmente han recaído principalmente en autoridades económicas.

El gobierno argumenta que México necesita detectar operaciones que puedan poner en riesgo infraestructura crítica, información estratégica o sectores sensibles, siguiendo modelos utilizados en Estados Unidos y Canadá.

El foco rojo vuelve a ser la amplitud del concepto de seguridad nacional. Especialistas advierten que criterios poco precisos pueden aumentar la discrecionalidad gubernamental, generar más trámites y afectar la certidumbre jurídica.

También genera preocupación la llamada “negativa ficta”: si la autoridad no responde dentro del plazo correspondiente, la inversión se entenderá rechazada. Para compañías que toman decisiones bajo calendarios financieros internacionales, la simple falta de respuesta podría convertirse en una barrera.

Gonzalo Monroy, director general de GMEC, ha cuestionado el alcance de la propuesta en la Silla Rota. “En lugar de abrir mayores posibilidades al invertir, pues la reducen”, señaló. Además, sostuvo que el concepto de seguridad nacional “se ha abusado totalmente” en México.

Monroy también criticó que el gobierno pueda adquirir mayores facultades sobre las operaciones privadas: “Ahora el gobierno tiene derecho de picaporte para decirte ‘si puedes invertir o no puedes invertir, si puedes adquirir o no puedes adquirir’”.

Entre los principales focos rojos está el posible impacto sobre la certidumbre jurídica y la llegada de nuevos capitales al país, según el Banco Américas.

La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, también ha cuestionado la conveniencia de impulsar una reforma capaz de generar incertidumbre cuando el propio gobierno destaca los niveles de inversión extranjera directa.

El dilema será encontrar un equilibrio entre evitar inversiones que representen riesgos reales para sectores estratégicos y no establecer un filtro discrecional que aleje capital en un momento en que México compite con otros países por nuevos proyectos.

Presupuesto de Egresos rumbo a 2027

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 será uno de los principales retos del Congreso, especialmente porque es año electoral y porque mostrará cuáles serán las verdaderas prioridades del gobierno para la segunda mitad del sexenio, además de qué sectores tendrán que absorber los ajustes.

El antecedente inmediato es el PEF 2026, aprobado por 10.19 billones de pesos, en el que se privilegiaron áreas como Bienestar, Energía y transformación digital, mientras dependencias vinculadas con seguridad, salud, cultura y desarrollo territorial enfrentaron reducciones.

El reto para los diputados será encontrar recursos suficientes para sostener los programas sociales, que han sido centrales para la Cuarta Transformación, sin profundizar las restricciones presupuestarias en sectores que también enfrentan fuertes demandas.

Otro punto importante en el presupuesto son los recursos destinados al INE, tomando en cuenta en que en el 2027 se realizarán las elecciones intermerdias de gubernaturas, alcaldías y el ámbito legislativo.

El proyecto de presupuesto que el INE enviará a la Cámara de Diputados contempla 31 mil 431 millones de pesos para su operación, además de 4 mil 736 millones como fondo precautorio para una eventual revocación de mandato o consulta popular y 10 mil 842 millones de pesos en prerrogativas para los partidos políticos. El monto ha sido cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como “exagerado”, en un escenario donde el gasto electoral volverá a estar bajo escrutinio.

El antecedente inmediato muestra que las estimaciones del INE pueden terminar sujetas a recortes: para 2026, Hacienda retiró 3 mil 119 millones de pesos del presupuesto precautorio y la Cámara de Diputados aplicó posteriormente otra reducción, hasta dejar al organismo con 21 mil 837 millones de pesos autorizados. El ajuste obligó a reconfigurar recursos en áreas operativas y de organización y capacitación electoral, un escenario que podría repetirse en 2027, precisamente cuando el INE deberá enfrentar un proceso electoral federal y la presión por contener el gasto público.