Ley Antimemes: ¿qué dice la reforma y qué cambió en el Senado?

La “Ley Antimemes” se encuentra bajo polémica en el Senado, esto debido a que en su redacción inicial, dejaba abierta la posibilidad de castigar con hasta 7 años de cárcel el uso de logotipos de instituciones públicas en memes, parodias y críticas políticas en redes sociales.

El punto que causó la polémica fue el artículo 403 Bis, debido a que la redacción inicial contemplaba sanciones para quien utilizara, reprodujera o imitara a escala comercial elementos de identidad gráfica oficial para inducir al error. Ante ello, legisladores de oposición advirtieron que esa formulación podía alcanzar expresiones satíricas o críticas.

“Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier otro signo de carácter oficial, perteneciente a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir a error o engaño a una o más personas, a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, digitales o tecnológicos”, planteaba en inicio la propuesta.

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El paquete fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar disposiciones relacionadas con derechos de autor y propiedad industrial, así como para fortalecer las sanciones contra conductas vinculadas con piratería, falsificación y el uso indebido de obras protegidas, se encuentra estancada en el Senado y la Cámara de Diputados.

Por un lado, en el Senado, las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera modificaron el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, uno de los puntos que generó críticas por el posible impacto en memes, parodias y contenidos que utilizan elementos de la identidad gráfica del gobierno.

¿Qué cambió en la Ley Antimemes?

Ante las críticas, el senador Javier Corral planteó modificar el artículo para precisar los supuestos en los que el uso de elementos oficiales puede constituir un delito. La nueva redacción establece que la conducta debe realizarse a escala comercial y tener como finalidad engañar sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema informático, además de estar vinculada con la comisión de un ilícito.

Con el cambio, la pena prevista para este supuesto quedó en uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil UMA. También se acotó la referencia a la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública.

Corral señaló que el objetivo de la modificación es evitar que alguien utilice elementos de una institución pública para hacerse pasar por ella y engañar a ciudadanos.

Oposición cuestiona alcance de la reforma

La modificación no eliminó las críticas de los grupos parlamentarios de oposición. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, había advertido que la redacción original podía alcanzar parodias que utilizaran símbolos o elementos gráficos del gobierno y pidió establecer expresamente excepciones para periodistas, parodias y expresiones relacionadas con la libertad de expresión.

“¿A qué nos referimos con que se corrija? Que se diga de manera expresa que hay una excepción a periodistas, que hay una excepción a parodias y que se tiene que maximizar el debate y la libertad de expresión. Dejarlo en los términos en los que está el dictamen es usar el T-MEC de pretexto para, por abajo de la mesa, introducir una prohibición, para que ya no haya en redes sociales, en televisión, en radio, parodias y críticas al gobierno que sabemos les molestan mucho”, subrayó el senador panista.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales también cuestionó el alcance de la disposición y pidió eliminar el artículo. Su argumento fue que el uso de elementos oficiales forma parte de contenidos que circulan habitualmente en redes sociales y que la redacción podía dejar margen a interpretaciones.

“Proponer cárcel para los memes y para las parodias en redes sociales cuando utilicen cualquier signo de carácter oficial es a todas luces censura disfrazada a la propiedad intelectual”, señaló Barrales durante la discusión.

¿Qué otras sanciones contempla el paquete de reformas?

El artículo 403 Bis es solamente una parte de una reforma más amplia. La iniciativa del Ejecutivo plantea modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para actualizar delitos relacionados con derechos de autor y propiedad industrial.

La propuesta también contempla sanciones contra la divulgación o distribución no autorizada de obras antes de su lanzamiento, medidas contra la elusión de mecanismos tecnológicos de protección de derechos de autor y una ampliación de las disposiciones aplicables a mercancías que se encuentren bajo control aduanero, incluso cuando estén en tránsito o transbordo.

Reforma también plantea nuevas reglas para plataformas de internet

Otro de los proyectos enviados por el Ejecutivo, pero a la Cámara de Diputados, modifica la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer un régimen de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet y ajustar las condiciones del llamado “puerto seguro”.

La propuesta establece obligaciones relacionadas con mecanismos de aviso y retirada de contenidos que infrinjan derechos de autor, además de una política para terminar el servicio a usuarios reincidentes.

También contempla supuestos en los que un proveedor podría perder esa protección si contribuye o induce una infracción con conocimiento de ella, o si tiene capacidad de controlar la conducta del usuario y obtiene un beneficio financiero directamente atribuible a la infracción.

El proyecto plantea además multas que pueden alcanzar 40 mil UMA, equivalente a más de 4 millones de pesos, para determinados incumplimientos, mientras que otros supuestos contemplan sanciones menores y multas adicionales si la infracción persiste.