Los ‘superpoderes’ de Taddei: las claves para entender el control que tuvo en el INE

Los llamados “superpoderes” de Guadalupe Taddei le permitieron a la entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin someter sus nombramientos a la aprobación del Consejo General, generando críticas por concentrar decisiones en la presidencia del instituto.

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La discusión sobre estas atribuciones tomó fuerza tras la salida de Taddei, ocurrida en medio de señalamientos sobre sus vínculos con proveedores del INE, entre ellos Cajas Graf y Corporativo ZEG, empresas relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Ante las denuncias sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio. Aquí en Político MX te explicamos cuáles fueron los “superpoderes” que marcaron la gestión de Taddei y por qué ahora buscan retirarlos.

¿Qué son los superpoderes de Taddei?

La principal atribución quedó establecida en el artículo 45, numeral 1, inciso p), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), incorporado con la reforma de octubre de 2024.

Este apartado facultó a la presidencia del Consejo General para designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y demás unidades técnicas del instituto, sin que el pleno tuviera que aprobar cada nombramiento.

Antes de ese cambio, la designación de esos cargos correspondía al Consejo General, a propuesta de la presidencia. Con la modificación, Taddei pudo realizar esos nombramientos sin someterlos a una votación de las consejerías.

La normativa también contempla otras facultades específicas. El artículo 45, numeral 1, inciso f), de la LGIPE permite a la presidencia elegir, entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona encargada de tramitar los medios de impugnación contra actos o resoluciones del secretario ejecutivo.

Por su parte, el artículo 16, numeral 2, incisos c) y d), del Reglamento Interior del INE (RIINE) establece que la presidencia puede designar encargados de despacho cuando se encuentre vacante o ausente la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, una dirección ejecutiva o una unidad técnica, conforme a las condiciones previstas en el reglamento.

El artículo 16, numeral 2, inciso o), del mismo reglamento también contempla la designación de una persona integrante de la Junta General Ejecutiva para tramitar recursos de inconformidad y revisión contra actuaciones del secretario ejecutivo.

Los 17 nombramientos de Taddei incluyeron áreas clave del INE

Durante su gestión, Guadalupe Taddei realizó 17 nombramientos directos, de acuerdo con Expansión. Entre los perfiles designados hubo personas que habían trabajado con ella y funcionarios con experiencia en gobiernos de Morena.

Entre los casos destacados están:

• Roberto Carlos Félix López, quien trabajó en el organismo electoral de Sonora durante la presidencia de Taddei y después llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE.
• María Fernanda Romo Gaxiola, exsecretaria particular de Taddei, fue designada en Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
• Anahí Silva Tosca, quien encabezó Asuntos Jurídicos tras ocupar un cargo en el gobierno de Tabasco durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino.
• Mario Alberto Alejo García, nombrado titular de Fiscalización, cuya experiencia fue cuestionada por consejeros electorales.
• Jesús Octavio García González, Eduardo Meza Rincón y Liliana Díaz de León ocuparon sucesivamente la Dirección Ejecutiva de Administración.

Los demás nombramientos abarcaron áreas como el padrón electoral, las prerrogativas de los partidos, la capacitación cívica, la comunicación social, los servicios informáticos y los asuntos jurídicos.

Así, la facultad permitió a Taddei integrar áreas estratégicas del instituto sin someter cada nombramiento a votación del Consejo General.

Consejeros cuestionaron pérdida de colegialidad

Las críticas a los “superpoderes” se concentraron en el debilitamiento del Consejo General como órgano colegiado.

Al dejar de intervenir mediante una votación en los nombramientos de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, las demás consejerías perdieron un mecanismo para revisar los perfiles y construir acuerdos sobre la integración de la estructura directiva.

Entre quienes cuestionaron la conducción del INE durante la gestión de Taddei estuvo la consejera Carla Humphrey. En entrevista con Milenio, aseguró que los consejeros no tenían conocimiento de los nombramientos, ni de las adjudicaciones.

“No teníamos conocimiento ni atribuciones sobre la administración, y aunque lo solicitamos por oficios o intervenciones en el Consejo General, la comunicación desafortunadamente no fluía adecuadamente”.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo cuestionó los “superpoderes” que se le otorgaron a Taddei e incluso, subrayó que es necesario que el Congreso de la Unión revierta las “súper facultades” a la presidencia del INE.

“Es urgente que el Congreso de la Unión reconsidere las súper facultades que le otorgaron a la presidencia del Consejo General. Esas súper facultades, como lo vimos, no abonaron no sólo a la colegialidad, sino que disminuyeron claramente las capacidades del Consejo General de vigilar cómo se llevaba a cabo la gestión de la propia institución”, señaló, según el medio.

Desde 2024, los consejeros mostraron inconformidad ya que consideraron que la reforma a la LGIPE podía concentrar demasiado poder en la presidencia y reducir la participación del resto del pleno en decisiones importantes.

En su momento, seis consejeros en funciones, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera, promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la reforma.

Sin embargo, en enero de 2026, el máximo tribunal desechó el recurso por la vía jurídica utilizada. Esto permitió que las nuevas facultades siguieran vigentes.

MC y el PAN buscan devolver los nombramientos al Consejo General

Tras el escándalo en el INE, Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados, impulsada por el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, para modificar nuevamente la LGIPE. La propuesta plantea que la presidencia vuelva a proponer los perfiles para las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, mientras que el Consejo General recupere la facultad de aprobar los nombramientos.

El objetivo es regresar al esquema anterior, cuando las designaciones requerían al menos ocho votos de las 11 consejerías. De aprobarse la iniciativa, la presidencia dejaría de tener la última palabra sobre esos cargos.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y la diputada Kenia López Rabadán anunciaron que impulsarán una reforma para retirar las facultades que consideran excesivas en la presidencia del INE y devolver las decisiones administrativas al pleno.

“Ya vemos qué pasa cuando hay una concentración absurda del poder”, comentó López Rabadán durante el anuncio de la propuesta. Romero también planteó que las decisiones administrativas del organismo se tomen de manera colegiada.

Desde Morena, el coordinador parlamentario en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, se mostró dispuesto a discutir una posible modificación. Aunque sostuvo que otorgar esas facultades no había sido un error, consideró que la decisión respondió a circunstancias específicas y que el tema podía revisarse.

Los cambios del INE tras la salida de Taddei

Tras la renuncia de Taddei, Blanca Cruz García asumió la presidencia interina del INE y anunció medidas para renovar cargos directivos, colaborar con las investigaciones en curso y recuperar la colegialidad en la toma de decisiones.

Cruz García confirmó la renuncia de tres funcionarios: José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Mario Alfonso Burciaga, quien encabezaba el área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración. Sus salidas se dieron en medio de cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el contratista Hernández Casillas.

La presidenta interina anunció que el Órgano Interno de Control (OIC) realizaría una revisión exhaustiva, independiente y transparente de la actuación institucional, además de mantener la cooperación con las investigaciones en curso. El OIC tiene abiertas 37 indagatorias relacionadas con contrataciones públicas que involucran a 13 funcionarios y 18 empresas.

Cruz García también planteó recuperar la colegialidad como principio para definir el rumbo del instituto y reconstruir los acuerdos internos. La renovación de cargos y la revisión de las contrataciones marcan los primeros cambios anunciados tras la salida de Taddei, mientras el Congreso discute si debe modificar las facultades que permitieron a la expresidenta realizar nombramientos directos.