Foto: Cuartoscuro
Tribunal disciplinario, los jueces bajo vigilancia de la 4T
Nace el órgano que sancionará a los juzgadores, entre la promesa de depurar al Poder Judicial y la sospecha de cobrar viejas facturas políticas.
Salvador Maceda
Publicada: oct 17 a las 13:35, 2025
En nombre de la justicia y la rendición de cuentas, entró en operación el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el órgano que tendrá la facultad de investigar y sancionar a jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
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Su mandato: castigar conductas indebidas y depurar el sistema judicial.
Su composición, sin embargo, ha encendido las alarmas de independencia en los pasillos de la judicatura.
De los cinco magistrados que lo integran, cuatro tienen vínculos directos con la Cuarta Transformación —ya sea con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con la actual mandataria, Claudia Sheinbaum—, y el quinto fue impulsado por operadores políticos cercanos a Morena.
En apariencia es un tribunal disciplinario.
En la práctica, podría convertirse en una herramienta de control político dentro del nuevo mapa del Poder Judicial, y también se presume que podría funcionar como un instrumento de revancha institucional contra aquellos jueces y magistrados que, en su momento, resolvieron en contra de los intereses de la Cuarta Transformación o frenaron proyectos emblemáticos del obradorismo.
Un proceso electoral con sello político
El Tribunal de Disciplina Judicial nació tras la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión, impulsada por la bancada de Morena y avalada por el Ejecutivo federal.
Por primera vez en la historia del país, los magistrados que vigilan a los jueces fueron elegidos por voto popular, en una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 1 de junio de 2025.
La elección del Tribunal de Disciplina Judicial tampoco escapó a las sospechas. En distintos estados se denunció la distribución de “acordeones” —guías de voto con nombres previamente marcados— que coincidieron con la planilla afín a Morena.
Reportes de observadores y medios estimaron que nueve de cada diez sufragios replicaron esas listas, lo que desató más de 180 impugnaciones. Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral validó el proceso, al considerar que no hubo pruebas concluyentes de manipulación, la percepción de una operación política planificada quedó en la conciencia histórica.
El resultado fue contundente: Celia Maya García encabezó la votación nacional, seguida de Verónica de Gyvés, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino León Tovar.
Un tribunal que puede castigar… y disciplinar políticamente
Su función es clara: investigar y sancionar faltas administrativas, corrupción o abusos de jueces y magistrados.
En teoría, es un instrumento de transparencia.
En la práctica, puede ser también un instrumento de presión.
Durante los últimos años, varios jueces suspendieron megaproyectos, reformas o decretos del gobierno federal: desde el Tren Maya, hasta las modificaciones eléctricas y las impugnaciones a las leyes de seguridad.
Hoy, muchos de esos juzgadores podrían quedar bajo la lupa del tribunal.
Los rostros del nuevo disciplinamiento judicial
El tablero está completo: cinco magistrados, cinco piezas con trayectorias distintas, pero un mismo hilo conductor —la afinidad con el poder político que hoy domina el país.
Estas son las fichas que definen el rostro del nuevo tribunal:
Celia Maya García
- Presidenta del TDJ. Dos veces candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro.
- Propuesta por López Obrador para ministra de la Suprema Corte (2019).
- Símbolo de lealtad al obradorismo jurídico.
- Representa el vínculo directo del Ejecutivo con el órgano disciplinario.
Bernardo Bátiz Vázquez
- Procurador de Justicia del Distrito Federal bajo el gobierno de AMLO (2000–2006).
- Cofundador de Morena y redactor de sus principios ideológicos.
- Propuesto también por el presidente para la Suprema Corte (2021).
- Encarna la continuidad moral del obradorismo en el ámbito judicial.
Verónica de Gyvés Zárate
- Propuesta por López Obrador: para Fiscal General (2019) y ministra de la Corte (2021).
- Esposa de Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la CDMX y aliado político de Sheinbaum.
- Pertenece al bloque capitalino del morenismo, vinculado al entorno judicial de la presidenta.
Indira Isabel García Pérez
- Sin militancia formal, pero impulsada por operadores políticos de Morena en Colima.
- Su discurso institucional repite la narrativa de la 4T sobre “disciplina sin persecución”.
- Figura de legitimación técnica dentro de un tribunal de perfil político.
Rufino H. León Tovar
- Su candidatura fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Representa la cuota política directa del poder ejecutivo dentro del tribunal.
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Afinidades y riesgos
En conjunto, los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial comparten grados distintos de afinidad política con la Cuarta Transformación.
Cuatro de ellos (Maya, Bátiz, De Gyvés y León) mantienen vínculos personales y políticos con AMLO o Sheinbaum, mientras que la quinta, Indira García, fue impulsada por redes morenistas y comparte el discurso institucional del nuevo régimen.
El riesgo, coinciden observadores judiciales, no está en el objetivo del tribunal, sino en su composición.
Porque advierten que el poder de sancionar, mal usado, puede convertirse en el poder de reprimir la independencia judicial.
El Tribunal de Disciplina tiene entre sus atribuciones amonestar, suspender, inhabilitar o destituir a jueces y magistrados.
Con esas facultades, cualquier resolución incómoda podría interpretarse como una falta, y cualquier criterio independiente, como un desafío.
El tribunal que nació para sancionar irregularidades podría terminar disciplinando disidencias.
Su misión es corregir al Poder Judicial; su riesgo, convertirse en su verdugo.
