
Foto: Cuartoscuro
Investigaciones periodísticas y federales estarían evidenciando el involucramiento de morenistas en el contrabando de combustible.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el combate al huachicol fue una de las banderas más visibles de la 4T.
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Sin embargo, a más de un año de que comenzara el sexenio de Claudia Sheinbaum, investigaciones periodísticas y federales estarían evidenciando el involucramiento de figuras clave dentro de Morena en el huachicol fiscal, práctica enfocada en el contrabando de combustible para evadir impuestos.

En algunos casos, legisladores del oficialismo estarían ligados a esta actividad ilícita, ya sea por vínculos con empresarios o con redes dedicadas al huachicol fiscal.
Entre los nombres, aparecen personajes como Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores de Morena; Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía y diputado morenista; Olga Patricia Sosa, senadora de Morena por Tamaulipas; y José Ramón Gómez Leal, también senador por ese estado.
En el caso de Adán Augusto, su nombre aparecería en un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la red de huachicol fiscal que involucra a marinos y empresarios.
El documento, obtenido por Latinus y presentado por Carlos Loret de Mola, expone las declaraciones de Alejandro Torres Joaquín, extitular de la Aduana de Tampico, quien señaló a un empresario cercano López Hernández de supuestamente participar en la descarga de combustible contrabandeado en el puerto.
Torres Joaquín, bajo el alias de ‘Santo’, relató: “‘Capiterucho’ permitía el atraque de buques en el recinto fiscal 289 en donde se descargó mezcla de hidrocarburo (...) ‘Santo’ señala que no recuerda el nombre del cesionario 289, sin embargo, un almirante del puerto de Tampico, Tamaulipas, le advirtió que tuviera cuidado con ellos, ya que estaban trabajando con miembros de la delincuencia organizada y que el dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto”.
En este contexto, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encontró que el cesionario en cuestión era Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño que contaba con la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico a través de la empresa Tampico Terminal Marítima.
Como apoderado legal de dicho negocio, Vera Ochoa dispone de poderes de administración y cobranzas.
Según el trabajo periodístico, Antonio Dávila Capiterucho, colaborador de Saúl Vera en Tampico Terminal Marítima, habría recibido sobornos millonarios para permitir el atraque de buques ligados con el tráfico de combustible.
En 2022, el empresario respaldó al entonces secretario de Gobernación para convertirse en candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

“Es la mejor opción para dirigir los destinos del país y dar continuidad a los cambios y logros de la Cuarta Transformación”, expresó Vera Ochoa en un medio local.
Tras estas revelaciones, el exgobernador de Tabasco rechazó tener vínculos con el empresario, e incluso, lo acusó de responder a intereses del “viejo régimen” por haber mantenido una sociedad con José Luis Luege Tamargo, exdirector de Conagua, y el expresidente Felipe Calderón.
Otra figura señalada es Daniel Asaf, quien fue jefe de la Ayudantía de López Obrador y uno de los hombres de confianza del expresidente.
Un reportaje de Código Magenta titulado “Pemex: La mafia de Morena y su modus operAndy” señala que durante el sexenio anterior, Andrés Manuel López Beltrán –hijo de AMLO y secretario de Organización de Morena– habría tejido una red de contrabando de combustible dentro de la petrolera.
En esa estructura habrían participado amigos de ‘Andy’ y operadores cercanos a Asaf. El grupo habría aprovechado la cercanía política para hacer negocio con el huachicol fiscal.
El mismo medio planteó que Asaf, siendo uno de las íntimas amistades del vástago de AMLO, tuvo un papel importante dentro de la red, ya que supuestamente articulaba acuerdos y daba instrucciones.

“Bastaba un telefonazo de Daniel Asaf para que las órdenes corrieran”, apuntó el periodista Ramón Alberto Garza.
Asaf y Marcos Manuel Herrería –quien fuera director corporativo de Administración y Servicios de Pemex– se encargaban de controlar contratos, licitaciones y asignaciones directas en la empresa paraestatal.
La legisladora tamaulipeca, Olga Patricia Sosa, es otra morenista que estaría siendo investigada por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en el contrabando de combustible.
Según el periodista Óscar Balderas, la senadora habría financiado campañas en México y hasta de políticos del Partido Republicano en Texas.
“Aprendió el método de Sergio Carmona, el ‘Rey del huachicol’, para financiar campañas. Y estaría financiando campañas no solamente en México, sino también en Texas (...) ¿De quién? Del Partido Republicano", detalló en entrevista para MVS Noticias.
No obstante, la senadora negó en entrevista radiofónica dicha información: “Jamás he sido notificada, citada o llamada para comparecer de ninguna manera, nunca”.
Además, el sitio de Narcopolíticos señaló a Sosa de presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.
También, un reportaje de Nación Criminal señala a familiares de Olga Patricia de realizar transacciones millonarias de dólares a pesos antes de la elección de 2022 en Tamaulipas.


Las operaciones se habrían efectuado a través de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Dicha financiera fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EUA por presunto lavado de dinero proveniente de grupos criminales como el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
Las transacciones del círculo cercano a Sosa Ruiz estarían vinculadas a Sergio y Julio Carmona Angulo, quienes habrían destinado recursos a campañas de morenistas con recursos de procedencia ilícita.
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El cuarto nombre que se suma a esta lista es el del senador José Ramón Gómez Leal, cuñado del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Una columna del periodista Héctor de Mauleón publicada en El Universal detalla que, desde Estados Unidos, las autoridades de ese país han rastreado teléfonos vinculados a Carmona, cuyos registros de llamadas incluirían comunicaciones con el legislador morenista.

Según De Mauleón, Gómez Leal habría participado en operaciones de tráfico y almacenamiento de combustible en Tamaulipas.
Pero adicionalmente, en 2021, Luis Rivera, uno de los operadores de Gómez Leal, fue ligado al huachicol fiscal y se le señaló de haber cobrado sobornos a empresarios y a agentes aduanales en Reynosa.