Foto: Redes Sociales / Cuartoscuro
El eslabón entre Álvarez Puga y Silvano Aureoles: un contrato de espionaje y un rancho en Florida
Una investigación de MCCI revela cómo un inmueble de lujo de 7 millones de dólares terminó en manos de un funcionario de Michoacán tras la firma de un contrato millonario con el “rey de las factureras”.
Carlos Gutiérrez
Publicada: ene 26 a las 12:48, 2026
La administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra bajo la lupa tras revelarse un complejo esquema que supuestamente vincula contratos de seguridad estatal con propiedades de lujo en el extranjero.
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De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) basada en registros del condado de Palm Beach, Florida, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado como presunto artífice de una red de empresas fantasma, cedió los derechos de un rancho de lujo a un subordinado del entonces Secretario de Finanzas de Michoacán, apenas unos meses después de que se otorgara un contrato millonario para labores de espionaje.
El rancho en Wellington de Álvarez Puga
Ubicado en la villa de Wellington, considerada una capital ecuestre mundial, el inmueble en el número 4985 de la calle Stables Way es el epicentro de esta transacción.
La propiedad de 15 mil metros cuadrados cuenta con amenidades de alto nivel que incluyen una caballeriza para doce ejemplares, pista de equitación, seis potreros, alberca con jacuzzi y siete habitaciones con acabados de lujo.
El rastro inmobiliario documentado por MCCI revela que Álvarez Puga compró el rancho en 2019 por 4.9 millones de dólares a través de la empresa 4985 Stables LLC.
En agosto de 2022, la empresa de Álvarez Puga cedió los derechos de la finca a Raik Holdings Corp., compañía presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez.
Rodríguez Pérez se desempeñó como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas bajo las órdenes de Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas que firmó el contrato de espionaje con Álvarez Puga.
Para realizar el traspaso del rancho, Álvarez Puga se valió de un “quitclaim deed” o “cesión de derechos”, una figura legal que permite transferir y renunciar a los derechos de una propiedad sin necesidad de una compraventa y sin dejar rastro financiero alguno.
Finalmente, en junio de 2024, Raik Holdings Corp., controlada por el exfuncionario michoacano, vendió el inmueble en 7 millones de dólares, equivalentes a unos 127 millones de pesos en su momento.
Contrato de espionaje por el software israelí ‘NightHawk’
El trasfondo de esta entrega de bienes raíces parece estar en un contrato por adjudicación directa firmado en febrero de 2017.
Aunque inicialmente se reportó que el monto ascendía a 19.5 millones de dólares, la investigación de MCCI precisa que el gobierno de Aureoles pactó pagar un total de 34.7 millones de dólares (más de 600 millones de pesos) por un sistema de vigilancia.
Los detalles técnicos del contrato suscrito por Carlos Maldonado Mendoza (actualmente vinculado a proceso por supuesto peculado y asociación delictuosa) revelan la adquisición de tecnología de grado militar a través de la empresa Integra Software SA de CV, cuyo administrador único, Raúl García Palacios, ha desempeñado cargos en varias sociedades de Álvarez Puga.
La tecnología “única en el mundo” era en realidad NightHawk, plataforma avanzada de recopilación de inteligencia desarrollada por Interionet Systems LTD, firma fundada por exdirectivos de NSO Group, creadores de Pegasus.
El sistema permitía la intervención de dispositivos IoT (Internet de las Cosas), como relojes inteligentes (Apple Watch), asistentes de voz (Alexa) y cualquier smartphone.
Para su operación, el gobierno michoacano pactó la instalación de 12 terminales y pantallas de vigilancia que operarían los 365 días del año para monitorear “objetivos estratégicos de inteligencia financiera”.
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Conexión con el centro de espionaje a la 4T en CDMX
La supuesta red de Álvarez Puga no solo operó en Michoacán, pues MCCI estableció un vínculo geográfico y operativo con el centro de espionaje clandestino detectado por el gobierno federal en 2019 en la Torre Impulso de la Ciudad de México.
En el piso 35 de dicho edificio operaba la red de espionaje que presuntamente intervino comunicaciones de personajes de la autodenominada 4T, incluyendo a Beatriz Gutiérrez Müller, Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero.
En ese mismo piso 35 se encontraban las oficinas de la firma Álvarez Puga & Asociados, mientras que dos niveles arriba, en el piso 37, se situaban las oficinas de la fundación de Inés Gómez Mont.
Es relevante notar que Integra Software, la empresa contratada en Michoacán, registró ante el IMPI el piso 37 de la Torre Impulso como uno de sus domicilios, apenas cuatro meses antes de firmar el contrato de espionaje con el gobierno de Aureoles.
Actualmente, el paradero de Víctor Manuel Álvarez Puga es incierto; tras ser detenido en Florida en septiembre de 2025 por motivos migratorios, desapareció del registro público de detenidos de ICE en diciembre del mismo año.
Por su parte, el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, fue extraditado desde Miami en febrero de 2025 y se encuentra vinculado a proceso por presuntos delitos de corrupción derivados de su gestión.
