Purga imparable en el PJF; comienzan por personal de confianza

Una oleada de despidos se gesta mientras los escándalos por el gasto excesivo en el Poder Judicial de la Federación se acumulan como los casos de las camionetas blindadas, las plantillas infladas de asesores en ponencias de la Corte y decisiones administrativas opacas en juzgados y tribunales.

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Al interior de la institución crecen las denuncias por contrataciones discrecionales que han desplazado los criterios de experiencia y carrera judicial. Colaboradores de todos los niveles señalan que, bajo el nuevo esquema, han ingresado personas sin trayectoria, cercanas a los llamados “jueces del bienestar”, mientras se prescinde de personal técnico con décadas de servicio.

En ese contexto, la incertidumbre laboral en el PJF ha pasado de ser una advertencia a una purga sistemática que no da señales de tregua. Con una plantilla total de 56 mil plazas para 2026, la institución ha activado un recorte que apunta a eliminar al 10% de sus 23 mil trabajadores de confianza. Esto significa que el despido de aproximadamente 2 mil 300 empleados es apenas la primera fase de una escalada mayor.

Una decisión institucional de un día para otro.

La evidencia de los hechos se refleja en los testimonios de quienes, hasta hace unos días, dedicaron su vida a la justicia.

“Trabajé en el Poder Judicial por más de 20 años. El día jueves me pidieron que me presentara en la oficina del coordinador. Al llegar, estaba mi jefe con otras tres personas. Me pidieron mi nombre, me solicitaron mi credencial de trabajo y, en el momento en que la entregué, me dijeron que me iban a notificar el término de mi nombramiento”, relata un excolaborador.

El procedimiento fue frío y mecánico. “Me entregaron el oficio, me pidieron que firmara de recibido y cuando pregunté por qué, la única respuesta fue que se trataba de una decisión institucional. No me dieron ninguna razón, ningún motivo sustentado. Simplemente me dijeron que mi nombramiento quedaba terminado a partir de ese momento”, explica. Acto seguido, le ordenaron regresar a su área, recoger sus pertenencias personales y abandonar el edificio de inmediato.

Este patrón se repitió sin excepción. “No solamente me lo hicieron a mí. Fuimos varios compañeros despedidos exactamente de la misma manera, el mismo día y bajo el mismo argumento. A ninguno se nos avisó con anticipación, a ninguno se nos informó absolutamente nada. Fue únicamente la entrega del oficio y decirnos que ya no teníamos vigencia en el nombramiento”, confirma otro testimonio.

Los relatos documentados confirman que el recorte no distinguió antigüedad, experiencia ni trayectoria. Entre los cesados hay trabajadores con más de dos décadas de servicio continuo en el Poder Judicial, que pasaron de desempeñar sus funciones cotidianas a quedar fuera de la institución en cuestión de minutos, sin explicación individualizada, sin proceso previo y sin margen de defensa inmediata.

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El ejecutor del recorte

La mano que firma estos ceses es el Órgano de Administración Judicial (OAJ). A través de la Secretaría Ejecutiva de Administración y la Dirección General de Recursos Humanos, el OAJ es el encargado de instrumentar la salida de los trabajadores.

Esta embestida es un golpe directo a toda la estructura. El recorte es general y alcanza a todas las instituciones, desde la Suprema Corte y el Tribunal Electoral hasta los juzgados y tribunales en los estados.

La fundamentación legal para esta purga masiva es implacable y no admite defensa inmediata. Los oficios emitidos citan textualmente la determinación de la autoridad:

“He determinado la terminación de los efectos del nombramiento que le fue otorgado en el puesto de confianza... que será a partir de que reciba el presente comunicado”.

Para ejecutar estos despidos, el OAJ se ampara en el Artículo 170, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vinculado al Transitorio Décimo Noveno de la Ley Orgánica del PJF. Esta normativa permite rescindir nombramientos de los niveles 10 al 33 del Catálogo General de Puestos, afectando a Jefes de Departamento, Analistas y Técnicos Administrativos.

El recorte es de 2 mil 300 empleados de confianza en una primera fase, Por ahora los 33 mil trabajadores de base respiran por el blindaje sindical.

En paralelo, persisten las quejas internas por el ingreso de personal sin experiencia ni carrera judicial, contratado por afinidades personales y redes de cercanía con jueces de reciente llegada, mientras se expulsa a colaboradores con conocimiento técnico acumulado durante años.