
Foto: Cuartoscuro
Vicente Gálvez analiza la acusación formal de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el actuar que deberá tener la presidenta de México sobre el tema

La acusación formal por narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con el Cartel de Sinaloa en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y otros 8 funcionarios y exfuncionarios locales más, han puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en la posición más complicada que ha enfrentado en sus 211 días como titular del Ejecutivo.
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La seriedad de los cargos, decididos ya por un Gran Jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, contemplan penas que van de un mínimo de 40 años hasta la cadena perpetua, esto sin hablar que es la primera vez que la justicia estadounidense apunta sus baterías hacia un gobernador en funciones.
Ante este escenario Sheinbaum Pardo encara una disyuntiva de la cual probablemente dependa el resto de su mandato y sin lugar a dudas la relación con nuestro principal socio comercial en vísperas de la renegociación del tratado comercial entre las tres naciones de Norteamérica.

La primera opción de la mandataria y por la cual parecen decantarse muchos de sus correligionarios, especialmente aquellos que podrían verse pronto en la misma situación, es envolverse en la bandera del nacionalismo y la no-injerencia extranjera que sería muy popular entre sus seguidores, pero que la pondría en ruta de colisión directa con la administración Trump.
Negar la detención con fines de extradición por considerar que las pruebas aportadas son insuficientes no satisfaría al gobierno de Estados Unidos que elevó al rango de organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico y quienes han dejado en claro que el combate al crimen organizado que introduce drogas, principalmente sintéticas, a los Estados Unidos, se dará con o sin la participación de México. Trump culpa a los cárteles mexicanos de la epidemia de opioides en su país y ha exigido al Departamento de Justicia medidas drásticas al respecto.
Su segunda elección podría ser tomar distancia de Rocha Moya, pero sin abandonarlo. Recurrir a la posibilidad que le ofrece el tratado binacional en la materia y lanzar una investigación doméstica por parte de la FGR que le permita manejar la narrativa, los tiempos y los daños.
Las pesquisas podrían prolongarse por meses, culpar a algunos de los mandos medios y autoridades municipales y alardear de la determinación del Gobierno Federal de combatir la delincuencia y corrupción, aún cuando se trate de funcionarios de la 4T.
Esta alternativa evitaría un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos, pero abriría la probabilidad de una escalada en las acusaciones de la justicia estadounidense quienes han dejado ver que tienen por lo menos a 70 funcionarios más con visas canceladas e investigaciones en proceso.
Como tercera vía, pero casi de seguro la más improbable, es que Sheinbaum se decante por colaborar de lleno con el gobierno vecino y hacer de Rocha Moya una ofrenda que apacigüe a Trump y le de una singular victoria muy necesaria para el republicano, que no se encuentra en su mejor momento de popularidad y quien tiene unas elecciones legislativas prácticamente a la vuelta de unas hojas del calendario.
La medida proporcionaría dividendos en el terreno de la cooperación binacional, la seguridad hemisférica e incluso daría sustancia al desgastado discurso de la “honestidad valiente” y combate a la corrupción, que no ha podido dar un ejemplo contundente en 8 años de mañaneras, sin embargo, todo lo positivo que pueda lograrse en el terreno internacional podría desatar una crisis al interior de su movimiento y una erosión de su liderazgo, no sólo entre “los duros”, sino también en los sectores moderados de la Revolución de las Conciencias. Por supuesto que los muy disminuidos partidos de oposición utilizarían este providencial tanque de oxígeno para poder centrar sus ataques en un caso específico que pega de lleno en el proyecto obradorista.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos señala un plazo máximo de 60 días para que la parte solicitante entregue pruebas que justifiquen la detención provisional y posteriormente la eventual extradición. Ese es el plazo que tiene la presidenta para tomar una decisión.
No es el futuro de Rocha Moya el que está en juego, su peso específico en la política es prácticamente nulo desde el secuestro/detención del Mayo Zambada. La encrucijada que se presenta definirá, en buena medida, las posibilidades futuras del país en lo comercial, migratorio, en temas de seguridad y cooperación, porque haga lo que haga Sheinbaum, nada puede cambiar el hecho que compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera con una de las mayores potencias económicas y militares del planeta.
Vicente Gálvez
Periodista/Analista político
@Vicente_Galvez