
Foto: Cuartoscuro
La presidenta de México fijó su posicionamiento antes las acusaciones de EUA contra el gobernador de Sinaloa.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su posicionamiento ante los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusaron de presunto narcotráfico.
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“Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes o irrefutables (...) deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, expresó durante su conferencia matutina.
La mandataria nacional señaló que la FGR inició su propia investigación para verificar si hay “datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona cometió un delito”.
Claudia Sheinbaum precisó que no van a cubrir a ningún funcionario, no obstante aclaró que si no existen las pruebas por parte del Departamento de Justicia estadounidense, el objetivo de dichas imputaciones contra el gobernador sinaloense es “político”.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, expresó.
A su vez, la presidenta de México sentenció que su administración no permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que pertenecen al Gobierno de México.
“Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, sentenció.

Durante la tarde de este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos oficializó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al mandatario se le imputan presunto narcotráfico, posesión y conspiración de armamento militar.
A su vez, las autoridades estadounidenses señalan que Rubén Rocha recibió ayuda por parte del “Cártel de Sinaloa” en las elecciones por la gubernatura del estado en 2021.
Por estos señalamientos, el gobernador de Sinaloa podría enfrentar una condena de cadena perpetua o como mínimo, 40 años de prisión.
