El periodista Vicente Gálvez aborda el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo que ha sido señalado como responsable de una red de huachicol fiscal, mientras se el gobierno ha dejado de lado a los morenistas que han sido implicados por investigaciones periodísticas.
Sorprende –no tanto– la celeridad con que la Fiscalía General de la República investigó el caso de huachicol fiscal que involucra el primer gobernador de oposición y hoy consejero consultivo del nuevo partido Somos México, Ernesto Ruffo Appel.
Y digo que no sorprende tanto porque es evidente que el Gobierno Federal requería un caso mediático que jalara la marca de los escándalos y crisis políticas generadas por cuadros morenistas de todos los niveles que van desde detenciones de ediles vinculados con el crimen organizado, o que montan supuestos secuestros para tapar desfalcos en sus municipios, hasta las filtraciones de llamadas telefónicas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negociando beneficios personales con personal de agencias estadounidenses a cambio de compartir toda la información a la que tiene acceso y la que le soliciten, a cambio de no fincarle cargos.
Ni hablar de los recurrentes accidentes del Tren Interoceánico y los malabares para que nada llegue a ‘Bobby’ López Beltrán y amigos que proveyeron al proyecto con su balasto de dudosa calidad o los casi semanales reportajes en los que se evidencia el inexplicable crecimiento del patrimonio de cuadros destacados que se convirtieron en ganaderos de la noche a la mañana o que aparecieron en los apartados VIP de los partidos del Mundial, mientras al “pueblo” le piden no aspirar más que a un par de zapatos y cobrar sus becas del Bienestar.
Pero, señaladamente, el Gobierno requería de algo espectacular para cambiar la conversación de los casi tres meses de ondas sísmicas desatadas por las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el desaparecido senador Enrique Insunza, y otros 8 funcionarios (dos de ellos ya colaborando con los vecinos) y que con cada día que pasa pone en evidencia la complicidad por la vía de la inacción.
Casos relevantes para efectos mediáticos no le faltan a la FGR. Han pasado 7 años del supuesto atentado, con un presunto artefacto explosivo en instalaciones del Senado de la República, en contra de la entonces legisladora Citlalli Hernández y es el día en que no han podido informar nada.
La Fiscalía acumula más de 30 denuncias en contra del senador y ‘exsuspirante’ presidencial Adán Augusto López y su relación con el grupo criminal La Barredora, comandado por quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Ni siquiera lo han citado a una entrevista informal.
A Ernesto Ruffo y la empresa de la que es socio los acusan de contrabandear 140 millones de litros de diésel, con un daño a las finanzas públicas por alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, en un esquema de contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal. Los voceros oficiales y digitales del régimen insisten en señalar este caso como “el más grande de la historia”, no obstante, convenientemente ignoran las declaraciones de la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, quien ante el Congreso cuantificó en más de 600 mil millones de pesos el impacto de este delito en las arcas nacionales desde 2019. ¿En dónde están los otros procesos e investigaciones por 596 mil 500 millones?
Conocemos por lo menos uno, el de Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De lo poco que se sabe, es que realizaron por lo menos 69 operaciones en las que introdujeron al país alrededor de 564 millones de litros de diésel; perdidas para Hacienda por 2 mil 400 millones de pesos tan solo por evadir el pago del IVA.
Sin embargo, de manera absolutamente inverosímil, las investigaciones no llegan más allá de los hermanos Farías, aún cuando han muerto 2 personas relacionadas con el caso: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien alertó a los altos mandos en la Marina, y Magaly Janet Nava, agente de la FGR que investigaba el caso. Sólo hay 14 detenidos más. Nada se ha avanzado sobre Saúl Vera Ochoa, empresario cercano a Adán Augusto López que en el 2020 obtuvo la concesión del muelle 289 de Tampico en el que descargaban el huachicol; nada sobre Horacio Duarte y el ahora aspirante de Morena a la gubernatura de Tabasco, Rafael Marín Mollinedo que manejaron la Agencia Nacional de Aduanas de México en esos años, y nada sobre el gobernador Américo Villarreal en cuya entidad sucedía esto cada semana y por años.
Si Ernesto Ruffo estuvo involucrado en el contrabando de combustible, del cual hablan a diario en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, qué se documente, pruebe y sea procesado él y sus presuntos cómplices, pero esa misma celeridad y diligencia debería existir en el caso de los hermanos Farías Laguna y las otras decenas (¿cientos?) de operaciones de las cuales no sabemos nada todavía. Porque aún les quedan como 590 mil millones de pesos por localizar y de los cuales nos tienen que decir en los bolsillos de quién y qué es lo que terminaron financiando.
Por lo pronto Estados Unidos tiene investigados y procesados 4 casos en su territorio, los más destacados los de la familia Jensen y el de la empresa Ikon Midstream. No vaya a ser que, como siempre, nos terminemos enterando de los responsables de este lado de la frontera porque alguien sí hizo su trabajo del otro lado del Río Bravo.
