Pagos a jueces retirados abren disputa entre reclamos por 93 rechazos

Jueces y magistrados que dejaron sus cargos tras la reforma judicial acusaron que existen pagos pendientes y cuestionaron los criterios utilizados para rechazar solicitudes, mientras que el Órgano de Administración Judicial sostiene que ha cubierto los recursos correspondientes a 742 exjuzgadores y que los casos declarados improcedentes no cumplen con los supuestos establecidos en la reforma constitucional.

La confrontación subió de tono después de que la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazaron los criterios aplicados a los pagos, con diferencias no sólo sobre quién tiene derecho a recibirlos, sino también sobre la forma en que deben calcularse.

Chocan por los 93 pagos rechazados

Las asociaciones sostienen que el pago previsto en el Décimo Transitorio de la reforma judicial no debe llamarse indemnización, pues la disposición establece tres meses de salario integrado y veinte días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes, por lo que advierten que cambiar la definición podría utilizarse para excluir a personas que renunciaron, se jubilaron o se retiraron.

El principal punto de choque está en 157 solicitudes adicionales revisadas, de las cuales 64 fueron aceptadas y 93 rechazadas, ante lo cual los jueces y magistrados exigen que se hagan públicos los criterios utilizados y el fundamento constitucional o legal para negar cada caso, al considerar que no pueden agregarse requisitos o excepciones que no estén previstos en la reforma.

Del otro lado, fuentes judiciales sostienen que hasta ahora se han realizado pagos a 742 jueces y magistrados que dejaron sus cargos en el contexto de la reforma, 679 durante 2025 y otros 63 en lo que va de 2026, además de que desde principios de este año se instaló una mesa de trabajo para analizar otras solicitudes.

Sobre los mismos 157 expedientes, trascendió que el órgano consideró que 64 sí cumplían con los requisitos y 93 no, entre estos últimos ubicó casos de personas que renunciaron antes del plazo correspondiente, se jubilaron previamente, no declinaron ante el Senado participar en la elección judicial extraordinaria de 2025 o actualmente continúan ocupando su plaza.

Demoras y criterios también dividen posturas

Las organizaciones de juzgadores cuestionan además el tiempo que ha tomado cubrir los pagos, pues aseguran que la reforma estableció que debían realizarse al momento del retiro, además reclaman conocer cómo se está calculando el salario integrado y piden separar este tema de las pensiones complementarias, que consideran un derecho distinto sujeto a sus propias reglas.

Las fuentes consultadas revelaron que la postura del OAJ es que en los casos considerados improcedentes cada exjuzgador recibió un oficio en el que se le informó que no cumplía con el supuesto jurídico correspondiente y que, dependiendo de su situación, no tenía derecho a alguno de los dos beneficios reclamados.

Agregaron que para enfrentar estas obligaciones durante 2025 y 2026 se generaron ahorros por más de 4 mil 600 millones de pesos dentro del Poder Judicial de la Federación, al tiempo que señalaron que para este año el presupuesto del Poder Judicial sufrió un recorte de 16 mil millones de pesos.