Gobernadores estarían en la mira de EUA por presuntos nexos criminales, revela periodista

Las investigaciones y señalamientos surgidos en Estados Unidos han ubicado a distintos gobiernos estatales en la mira por posibles vínculos entre estructuras políticas y organizaciones criminales, de acuerdo con una columna del periodista Jesús Lemus.

El periodista plantea que el financiamiento ilegal de campañas se habría convertido en una herramienta para que grupos delictivos busquen influencia territorial, protección institucional y acceso a operadores políticos.

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Rocha Moya, el caso que abrió la discusión

El caso de Rubén Rocha Moya es el punto de partida para revisar otros posibles vínculos entre gobiernos estatales y organizaciones criminales.

A partir de ese expediente, Lemus sostiene que las autoridades estadounidenses estarían revisando otras entidades donde existen disputas por rutas, puertos, combustible y actividades vinculadas al crimen organizado.

Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán

De acuerdo con lo planteado, han trascendido en informes de inteligencia estadounidenses y señalamientos de fiscales de que durante la elección de 2021, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, habría operado una estructura de financiamiento criminal para apoyar la movilización electoral a cambio de protección.

De igual manera, la columna plantea que el gobernador morenista se ubica en el radar de EUA, debido al crecimiento de la presencia territorial que tiene en el estado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El propio gobernador ha reconocido que autoridades estadounidenses investigan a alcaldes de Michoacán, aunque señaló que esas indagatorias no están confirmadas en todos los casos.

Indira Vizcaíno, Colima

El nombre de Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, también aparece debido al peso estratégico de Manzanillo, uno de los principales puertos de aduanas del país y un punto relevante para el comercio internacional.

La columna sostiene que autoridades estadounidenses revisarían posibles esquemas de financiamiento político relacionados con el tráfico de combustibles, conocido como huachicol fiscal y otras actividades criminales vinculadas con la operación del puerto.

Lorena Cuéllar, Tlaxcala

Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, de igual es una de las gobernadoras bajo investigación por EUA, según el columnista, por un presunto esquema de financiamiento electoral relacionado con redes de huachicol.

La columna plantea que grupos dedicados al robo de combustible habrían utilizado intermediarios empresariales para canalizar recursos hacia estructuras políticas, a cambio de protección para sus operaciones.

Libia Dennise García, Guanajuato

Al final de la lista aparece Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato por Acción Nacional. El periodista sostiene que las autoridades estadounidenses estarían detrás de una investigación por posibles flujos de recursos provenientes de redes ilegales de combustible hacia estructuras políticas locales.

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Lemus sostiene que Guanajuato ha sido durante años un foco de disputa por el control del huachicol y el narcomenudeo, principalmente entre el CJNG y grupos criminales locales.

De acuerdo con la columna, el financiamiento criminal no tendría una sola filiación partidista, sino que respondería al interés de los grupos delictivos por obtener protección y capacidad de operación en distintos gobiernos de México.