Segundo año de Sheinbaum: entre la presión de EUA y los escándalos de Morena

Este 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su Segundo Informe de Gobierno. Lo hará con una aprobación que sigue por encima del 60%, pero también con dos años en los que ha tenido que sostener, casi al mismo tiempo, una tensa relación con Washington y los escándalos diversos miembros de su partido.

Ese es el equilibrio que define su balance de 2026: hacia afuera, una negociación constante con un presidente estadounidense dispuesto a usar aranceles y hasta fuerza militar como palanca; hacia adentro, la defensa, cada vez más incómoda, de figuras cercanas al movimiento.

Relación con EUA

La llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos por segunda ocasión en enero del 2025 ha sido uno de los principales retos de la presidenta.

Las amenazas arancelarias y los amagos de intervención militar bajo el pretexto de combatir al narcotráfico fueron el pan de cada día. Sin embargo, logró sortear las dificultades y fue incluso reconocida a nivel internacional por sus negociaciones para impedir el incremento del 25% arancelario.

Pero la tensión aumentó con la intervención militar en Venezuela por parte de EUA para detener a Nicolás Maduro, lo que volvió una posibilidad los catastróficos escenarios en los que pudiera repetirse la situación en México.

Ante la situación, la presidenta mantuvo su posición de defender la soberanía y la autonomía del país, pero fortaleciendo la cooperación internacional.

“Lo dijo él varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no recuerdo, él en varias ocasiones ha insistido en que el Ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario”, señaló en la mañanera del 5 de enero.

Harfuch, la clave con Trump

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se convirtió en el interlocutor central de la relación bilateral en materia de seguridad.

Su margen de acción se apoya en las reformas al artículo 21 constitucional y al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ampliaron las facultades de investigación de la SSPC y fortalecieron la coordinación entre instituciones de seguridad —cambios aprobados al inicio del sexenio, cuyo efecto se ha hecho más visible durante este segundo año de operativos.

Ese margen legal facilitó una ofensiva más agresiva contra objetivos prioritarios para Estados Unidos. En su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés), convocada por la DEA, Harfuch reportó el desmantelamiento de más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos, la captura de 14 objetivos prioritarios para Washington y 155 órdenes de aprehensión activas con fines de extradición.

El golpe de mayor peso simbólico fue el abatimiento, en febrero, de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en Jalisco que desató una ola de violencia en varios estados del país. Desde entonces, las autoridades han mantenido el cerco sobre lo que queda de la organización.

Ese historial le ha valido a Harfuch un respaldo inusual desde el otro lado de la frontera: el director de la DEA, Terry Cole, lo ha llamado abiertamente “un socio” y “un buen amigo” de Estados Unidos, aun cuando la agencia estadounidense insiste en señalar la presencia del narcotráfico dentro del propio gobierno mexicano.

Los números a favor

El 11 de agosto, en su conferencia matutina, la presidenta presentó cifras que, según ella, muestran avances claros en dos años de gobierno.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una caída de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos, de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. Los delitos de alto impacto bajaron 33%, de 636.6 a 424.4 casos en el mismo periodo.

Especialistas y periodistas han puesto en duda esas cifras, cuestionando tanto la metodología como los posibles errores de registro y subregistro detrás de ellas.

Economía, el pesos resiste y la inversión rompe récord

En medio de las fluctuaciones del dólar por los aranceles de Trump a distintos países y productos, el peso tuvo un año favorable. El 26 de agosto, Sheinbaum aseguró que se mantiene como una de las monedas más fuertes del mundo, con un valor de 16.97 por dólar.

De igual modo, indicó que el PIB creció un 1.4% en el segundo trimestre y que 60 millones de mexicanos tienen trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Además destacó que en el primer semestre, el país captó 34 mil 968 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, el cual representó un nuevo máximo histórico rebasando el año pasado por un 2.1%.

Huachicol fiscal, la herencia de AMLO

Uno de los problemas heredados del gobierno de López Obrador, el huachicol fiscal, siguió golpeando la agenda de seguridad. Entre el 19 y el 31 de marzo de 2025, el Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico con 10 millones de litros de combustible contrabandeado, lo que destapó una red de huachicol con funcionarios aduanales, empresarios e integrantes de la Secretaría de Marina.

Los dos señalados como las cabecillas, fueron los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes al ser contralmirantes presuntamente usaban su influencia para designar a funcionarios en aduanas que ayudaran con el contrabando.

Tras la detención de Manuel Roberto en septiembre del 2025, se dio a conocer que los Farías eran sobrinos políticos del exsecretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda Durán. Además, el origen de la red se remontaría al sexenio de López Obrador, pues fue éste quien dio a dicha secretaría el control de las aduanas.

Desde el gobierno actual se dijo que Ojeda Durán no sería investigado, pero la filtración de un audio lo implicó más: grabado en junio de 2024, se escucha al almirante Fernando Rubén Guerrero informarle sobre la existencia de la red y la participación de los Farías.

Ojeda Durán le respondió con dos opciones, destapar todo el asunto o solo destituir a los implicados; Guerrero pidió que se investigara. Un mes después fue asesinado.

No fue el único: investigaciones periodísticas documentaron el asesinato de otros marinos y funcionarios de la FGR mientras avanzaban las indagatorias.

Mientras la información seguía salpicando al gobierno anterior, la FGR asestó otro golpe, esta vez a la oposición: la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, señalado de haber ayudado, a través de la empresa Ingemar y junto a otros empresarios, en el traslado de hidrocarburos de contrabando.

Por su filiación partidista, la oposición calificó la detención como arbitraria e ilegal, un cuestionamiento que gana fuerza si se considera que, hasta ahora, no ha habido acciones contra Ojeda Durán ni contra otros morenistas que también aparecieron mencionados, como Adán Augusto López, señalado por conexiones con empresarios implicados, o Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, mencionado en investigaciones de la FGR.

Morenistas polémicos

Pese a los avances en materia de seguridad y el reconocimiento de EUA en la disminución del tráfico de fentanilo en la frontera, el reconocimiento se vio opacado ante dos escándalo que tocaron directamente al partido y al gobierno federal: las investigaciones contra Rubén Rocha Moya y la revocación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán.

El caso Rocha

A finales de abril, la administración de Trump acusó formalmente al gobernador junto a varios funcionarios estatales y el senador Enrique Inzunza, de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos. Rocha Moya negó estos señalamientos, pero a inicios de mayo, pidió licencia de su cargo, desapareciendo durante 112 días de la vida pública.

Mientras tanto, Morena y el gobierno federal cerraron filas con el morenista, uno de los más cercanos a AMLO, acusando injerencia por parte de Estado Unidos. La presidenta por su parte pidió que compartieran información para que se realizaran las investigaciones en la FGR e hizo un llamado a proteger la soberanía.

“Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes o irrefutables (...) deberá proceder”, señaló el 30 de abril.

Aunque el apoyo parecía incondicional, no fue duradero. El 21 de agosto, Rocha intentó regresar al cargo asegurando que estaba limpio y estaría ”gobernando con firmeza y entrega”, cosa que no gustó en el gobierno. Al día siguiente, la presidenta compartió un posicionamiento contundente en el que aseguró que nadie estaba por encima del movimiento ni debían aferrarse al cargo.

“México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna. El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza.”

Horas después, Rocha solicitó nuevamente una licencia.

En conferencia, el 24 de agosto, Sheinbaum finalmente marcó línea. Dijo que la nueva persona que estuviera al frente del gobierno debía quedarse hasta que se dieran las elecciones del 2027, pues la decisión de Rocha “no parecía pertinente (…) realmente así como opinamos nosotros opinaron muchos otros”. Aún así, la decisión ha sido cuestionada, ya que Rocha sigue libre y sin ser investigado en México.

La visa de ‘Andy’

A la par que se dio la controversia de Rocha, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció en sus redes que el gobierno de EUA le había revocado la visa.

Alegó que se trataba de una acción política para perjudicarlo a él, a Morena y al gobierno, por lo que a través de una carta le pidió a Donald Trump que despidiera de sus cargos a Marco Rubio y a Christopher Landau, secretario y subsecretario de Estado respectivamente, al actuar de forma facciosa. Al ser el hijo del expresidente, Morena repitió el discurso de injerencia y refrendaron su apoyo a López Beltrán.

La presidenta se pronunció y catalogó la acción como un claro acto de injerencia en el gobierno de México, aún cuando esta reconoció que se trataba de una acción en contra de un ciudadano que no estaba en ningún cargo dentro del gobierno mexicano.

Como Washington no explicó los motivos del retiro de la visa, empezaron a circular versiones sobre su origen, entre ellas su presunta relación con las redes de huachicol fiscal señaladas por testigos de la FGR e investigaciones periodísticas.

La propia Fiscalía salió a exculparlo, asegurando que no existen pruebas contundentes para abrir una investigación en su contra. En medio del escándalo, “Andy” hace campaña por una diputación en Tabasco.

Reforma electoral, la primera derrota legislativa

Fue, en términos legislativos, uno de los tropiezos más visibles del gobierno. En febrero de 2026, la presidenta adelantó que impulsaría una reforma electoral orientada a eliminar los diputados y senadores plurinominales y a reducir el presupuesto de los partidos, con posibles modificaciones también al INE.

Para diseñarla, Sheinbaum integró una Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, exdirector de la Unidad de Investigación Financiera. La iniciativa tropezó no solo con la oposición, sino con sus propios aliados: PT y PVEM quienes expresaron abiertamente su descontento por la eliminación de los plurinominales y por la fórmula de recorte presupuestal, que consideraban una amenaza directa a su representación en el Congreso, al grado de amagar con romper coaliciones locales.

El 11 de marzo, esa fractura se hizo pública: la Cámara de Diputados rechazó la reforma con 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de los 334 necesarios para una reforma constitucional.

Sheinbaum, que ya anticipaba el resultado, anunció ese mismo día que presentaría un “Plan B”, una versión menos ambiciosa, con un tope presupuestal para los congresos locales, una reducción del 15% al Senado y la prohibición de la reelección inmediata de legisladores locales.

La segunda versión también generó rechazo, en buena medida porque buscaba adelantar la fecha de la revocación de mandato a 2027, para empatarla con las elecciones intermedias y abrirle a la presidenta la posibilidad de impulsar esa consulta. Para los aliados de la 4T, la medida representaba una desventaja frente a sus propias candidaturas.

El 25 de marzo, el Senado aprobó la propuesta, pero sin el capítulo de la revocación de mandato. La presidenta matizó la derrota.

“Nosotros seguimos insistiendo que los partidos tienen mucho recurso además del tema de cómo se eligen los plurinominales (...) Ahora, se aprobó lo principal que es disminuir privilegios (...) La otra ya no se aprobó, yo pienso que es malo para el país.”

Censura a medios

Una de las cuestiones que causó mayor polémica el año pasado fue la reforma a la Ley de Telecomunicaciones la cual apodaron “Ley Censura” debido a que con ella se daba facultades al gobierno para tumbar transmisiones y se establecía compartir información personal como geolocalización y datos biométricos con el gobierno sin orden judicial.

Aunque al final se aprobó con cambios, lo que se quedó fue la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo autónomo, para hacer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cual es un órgano desconcentrado que depende de la Agencia de Transformación Digital de José Merino.

Pero además los nombramientos de su consejo son responsabilidad del Ejecutivo Federal, o sea de la presidenta, poniendo en duda la independencia del órgano. Esta fue puesta bajo escrutinio público debido a la emisión de los lineamientos para el derecho de audiencias.

Fueron considerados como un intento por parte del gobierno para censurar contenidos de medios de comunicación en radio y televisión debido a que establecía procesos para presentar quejas y sanciones a concesionarias por contenidos que se pudieran considerarse falsos o descontextualizados, así como la intervención de la Comisión para tomar decisiones sobre estos, lo que daría pie a interpretaciones discrecionales.

Ante esta situación y tras someterlos a consulta pública, la Comisión modificó algunos puntos, entre ellos las sanciones al especificar los casos en los que se pueden imponer y acotando la intervención solo cuando no sean atendidas las quejas.

“Nosotros no queremos ejercer la censura porque no estamos de acuerdo en la censura”, señaló la presidenta en su conferencia del 27 de agosto.

¿Cómo va su aprobación?

Pese al desgaste que han dejado los escándalos y la relación con Washington, Sheinbaum se mantiene con un nivel de aprobación alto. De acuerdo con la Encuesta de Encuestas de Polls MX, cuenta con 68% de aprobación y 31% de desaprobación.

Aun así, la tendencia es a la baja: en febrero del año pasado registró su punto más alto, de 79%, lo que representa una caída de 11 puntos porcentuales desde entonces.

Una medición de Statistical Research Corporation (SRC) documenta una caída todavía más pronunciada: de 70.6% en abril a 55.5% en agosto.

Con los escándalos que ha tenido que sortear y una relación con Estados Unidos que no da tregua, la presidenta llega a su segundo informe con la aprobación todavía de su lado, pero con temas pendientes que deberá atajar de cara a las próximas elecciones en 2027.