¿Huachicol o combustible legal? Las dudas que rodean el megadecomiso de la FGR en Guanajuato

Lo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó como un megadecomiso histórico de más de 59 millones de litros de supuesto huachicol fiscal en Guanajuato ahora está bajo cuestionamiento. La propia investigación todavía no determina si el combustible era ilegal, mientras aparecen dudas sobre los permisos de la empresa intervenida y sobre la forma en que se ejecutó el operativo.

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Los cuestionamientos no terminan ahí: la orden de cateo estaba dirigida contra Gas del Noreste, pero la empresa intervenida fue Gas Natural del Noroeste, mientras que la Fiscalía tuvo que ampliar la revisión para determinar la documentación, el origen y la trazabilidad del combustible. Es decir, lo que comenzó como un golpe contra el huachicol fiscal terminó abriendo dudas sobre la actuación de la propia institución.

Y el caso ya tuvo una primera consecuencia dentro de la Fiscalía: Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, dejó el cargo en medio de la polémica, aunque existen versiones distintas sobre si fue cesado o si renunció.

A una semana del anuncio del aseguramiento, la Fiscalía tampoco ha ofrecido una conferencia para explicar públicamente estas inconsistencias y se ha limitado a informar mediante comunicados, lo que mantiene bajo escrutinio la actuación de la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Aquí te explicaremos qué ocurrió con el llamado megadecomiso de Guanajuato, qué ha dicho la Fiscalía, qué sostiene la empresa intervenida y por qué el operativo que inicialmente fue presentado como un golpe al huachicol fiscal ahora está bajo escrutinio.

Estas son las claves del polémico megadecomiso de la FGR en Guanajuato

El pasado 17 de septiembre de 2026, la FGR informó el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, como resultado de una investigación que había comenzado meses antes.

Según el comunicado, las indagatorias comenzaron el 3 de julio, cuando fue detenida una persona que descargaba un autotanque con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. Según la institución, el conductor no pudo acreditar la trazabilidad del combustible.

La FGR realizó acciones en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble utilizado para el despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en un inmueble ubicado en San José Iturbide. Fue en este último punto donde las autoridades localizaron el volumen de combustible que posteriormente se convirtió en el centro del caso.

La Fiscalía reportó 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel, para un total superior a 59 millones de litros. También informó sobre el aseguramiento de 10 tanques cilíndricos, unidades de transporte, vehículos, documentación contable y facturas.

El problema para la Fiscalía es que, después de presentar el aseguramiento como un golpe de grandes dimensiones contra el huachicol, la propia investigación comenzó a revelar que todavía faltaba determinar si el combustible tenía un origen ilícito.

El megadecomiso comenzó a tambalearse por los permisos y la documentación

El 19 de septiembre, apenas dos días después del anuncio, la FGR informó que continuaba investigando el caso y reconoció que no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acreditara de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible.

Ante la complejidad del expediente, Ernestina Godoy instruyó que la investigación fuera atraída por la FEMDO, que comenzó a revisar la información de las empresas relacionadas, documentos y entrevistas con directivos para verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los 59 millones de litros.

El viraje resulta relevante: la FGR primero informó sobre el hallazgo de una cantidad extraordinaria de combustible cuya procedencia no estaba acreditada y después tuvo que mantener abierta la investigación para determinar si efectivamente existía un ilícito.

Mientras la Fiscalía revisaba esa documentación, Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente al Grupo SIMSA, sostuvo que la operación de la terminal es lícita y que cuenta con permisos de autoridades federales, estatales y municipales.

La compañía afirmó que la terminal tiene autorización para almacenar hasta 100 millones de litros de hidrocarburos y que el producto localizado pertenece a empresas usuarias, por lo que, según su versión, existe documentación para acreditar tanto la propiedad como la procedencia del combustible.

El contraste es uno de los puntos centrales de la polémica: mientras la Fiscalía aún buscaba acreditar la legalidad del combustible, la empresa sostenía que tenía permisos y documentación para respaldar la operación.

Gas del Noreste y Gas Natural del Noroeste: la confusión que golpea al operativo

Uno de los cuestionamientos más delicados está en la propia orden de cateo. De acuerdo con La Jornada, la orden judicial estaba dirigida contra Gas del Noreste, mientras que la empresa intervenida durante el operativo fue Gas Natural del Noroeste. Es decir, la compañía que aparece en la orden de cateo no es la misma que opera la terminal donde fueron localizados los 59 millones de litros.

La diferencia no es menor. La información publicada por el diario señala que Gas del Noreste no cuenta con registro en las instancias correspondientes del gobierno, mientras que Gas Natural del Noroeste es la empresa que asegura contar con los permisos para operar la terminal.

Así, el cuestionamiento dejó de concentrarse exclusivamente en el origen del combustible y alcanzó la actuación de la Fiscalía durante el operativo: ¿cómo se llegó a intervenir una terminal operada por una empresa distinta a la que aparece en la orden de cateo?

La discrepancia entre ambos nombres resulta todavía más relevante porque la FGR sostiene que la documentación de las empresas relacionadas aún debía revisarse para acreditar el origen, propiedad y destino del combustible.

Rodó la primera cabeza por el caso: ¿qué pasó con el delegado de la FGR?

El caso también alcanzó a Juan Francisco Vera Ayala, quien era el delegado de la FGR en Guanajuato y, por tanto, el funcionario que encabezaba la representación de la Fiscalía en el estado cuando se desarrolló la investigación que terminó con el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.

Según versiones periodísticas, Vera Ayala dejó el cargo después del operativo. Sin embargo, de acuerdo con La Jornada, fuentes de la propia Fiscalía señalaron que Vera Ayala fue cesado y que Norma Quevedo Vázquez sería considerada para ocupar su lugar.

Sheinbaum se desmarca y pide que la Fiscalía aclare el caso

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso y señaló que la FGR debería aclarar la situación. Dijo que la institución todavía revisa los permisos de la empresa involucrada.

“Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, precisó.

Ante el cuestionamiento de si todavía no podía descartarse que el combustible fuera huachicol, la presidenta respondió:

“Pues hasta que la fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”, sentenció.

La declaración deja en una posición distinta el operativo que inicialmente fue presentado como un aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo cuya procedencia no había sido acreditada.

A una semana de destaparse el caso, la investigación sigue abierta y la propia presidenta confirmó que todavía no puede descartarse ni confirmar que el combustible corresponda a huachicol fiscal.