‘No era huachicol’: Sheinbaum aclara dudas que dejó el megadecomiso de la FGR en Guanajuato

Lo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en septiembre como un “megadecomiso” histórico de más de 59 millones de litros de supuesto huachicol en Guanajuato resultó ser un gran fallo de la institución, luego que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que todo estaba en regla.

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Sheinbaum exhibe fallo de la FGR en Guanajuato

Al ser cuestionada sobre el avance de las investigaciones sobre el “megadecomiso” presentado el pasado 17 de septiembre, la presidenta Sheinbaum negó que el combustible asegurado fuera de procedencia ilícita y puntualizó que el lugar contaba con todos los permisos.

Señaló que por parte de la empresa había una ilegalidad que ya fue resuelta. A su vez, informó que es la misma FGR la que debe informar la situación de la investigación.

“No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. El conocimiento que tenemos es que tendría que informarlo la fiscalía, ¿no? Con todo detalle. Pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar. La empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa", expresó.

Estas declaraciones concluyen con los cuestionamientos que surgieron sobre cómo se llevó el caso, pues la orden de cateo estaba dirigida en un inicio contra Gas del Noreste, pero la empresa intervenida fue Gas Natural del Noroeste.

A semanas del anuncio del aseguramiento, la Fiscalía no ha dado mayor explicación sobre lo ocurrido, lo que mantiene bajo escrutinio la actuación de la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Aquí te explicamos qué ocurrió con el llamado “megadecomiso” de Guanajuato, qué ha dicho la Fiscalía, qué sostiene la empresa intervenida y por qué el operativo que inicialmente fue presentado como un golpe al huachicol fiscal estuvo bajo escrutinio.

Estas son las claves del polémico megadecomiso de la FGR en Guanajuato

El pasado 17 de septiembre de 2026, la FGR informó el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, como resultado de una investigación que había comenzado meses antes.

Según el comunicado, las indagatorias comenzaron el 3 de julio, cuando fue detenida una persona que descargaba un autotanque con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. Según la institución, el conductor no pudo acreditar la trazabilidad del combustible.

La FGR realizó acciones en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble utilizado para el despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en un inmueble ubicado en San José Iturbide. Fue en este último punto donde las autoridades localizaron el volumen de combustible que posteriormente se convirtió en el centro del caso.

La Fiscalía reportó 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel, para un total superior a 59 millones de litros. También informó sobre el aseguramiento de 10 tanques cilíndricos, unidades de transporte, vehículos, documentación contable y facturas.

El problema para la Fiscalía es que, después de presentar el aseguramiento como un golpe de grandes dimensiones contra el huachicol, la propia investigación comenzó a revelar que todavía faltaba determinar si el combustible tenía un origen ilícito.

El megadecomiso comenzó a tambalearse por los permisos y la documentación

El 19 de septiembre, apenas dos días después del anuncio, la FGR informó que continuaba investigando el caso y reconoció que no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acreditara de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible.

Ante la complejidad del expediente, Ernestina Godoy instruyó que la investigación fuera atraída por la FEMDO, que comenzó a revisar la información de las empresas relacionadas, documentos y entrevistas con directivos para verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los 59 millones de litros.

El viraje resulta relevante: la FGR primero informó sobre el hallazgo de una cantidad extraordinaria de combustible cuya procedencia no estaba acreditada y después tuvo que mantener abierta la investigación para determinar si efectivamente existía un ilícito.

Mientras la Fiscalía revisaba esa documentación, Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente al Grupo SIMSA, sostuvo que la operación de la terminal es lícita y que cuenta con permisos de autoridades federales, estatales y municipales.

La compañía afirmó que la terminal tiene autorización para almacenar hasta 100 millones de litros de hidrocarburos y que el producto localizado pertenece a empresas usuarias, por lo que, según su versión, existe documentación para acreditar tanto la propiedad como la procedencia del combustible.

El contraste es uno de los puntos centrales de la polémica: mientras la Fiscalía aún buscaba acreditar la legalidad del combustible, la empresa sostenía que tenía permisos y documentación para respaldar la operación.

Gas del Noreste y Gas Natural del Noroeste: la confusión que golpea al operativo

Uno de los cuestionamientos más delicados está en la propia orden de cateo. De acuerdo con La Jornada, la orden judicial estaba dirigida contra Gas del Noreste, mientras que la empresa intervenida durante el operativo fue Gas Natural del Noroeste. Es decir, la compañía que aparece en la orden de cateo no es la misma que opera la terminal donde fueron localizados los 59 millones de litros.

La diferencia no es menor. La información publicada por el diario señala que Gas del Noreste no cuenta con registro en las instancias correspondientes del gobierno, mientras que Gas Natural del Noroeste es la empresa que asegura contar con los permisos para operar la terminal.

Así, el cuestionamiento dejó de concentrarse exclusivamente en el origen del combustible y alcanzó la actuación de la Fiscalía durante el operativo: ¿cómo se llegó a intervenir una terminal operada por una empresa distinta a la que aparece en la orden de cateo?

La discrepancia entre ambos nombres resulta todavía más relevante porque la FGR sostiene que la documentación de las empresas relacionadas aún debía revisarse para acreditar el origen, propiedad y destino del combustible.

Rodó la primera cabeza por el caso: ¿qué pasó con el delegado de la FGR?

El caso también alcanzó a Juan Francisco Vera Ayala, quien era el delegado de la FGR en Guanajuato y, por tanto, el funcionario que encabezaba la representación de la Fiscalía en el estado cuando se desarrolló la investigación que terminó con el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.

Según versiones periodísticas, Vera Ayala dejó el cargo después del operativo. Sin embargo, de acuerdo con La Jornada, fuentes de la propia Fiscalía señalaron que Vera Ayala fue cesado y que Norma Quevedo Vázquez sería considerada para ocupar su lugar.

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum descartaron que el combustible asegurado fuera ilegal, por lo que será turno de la que la FGR aclaré cuál fue el error en la investigación.