Los personajes de la ‘4T’ en la mira por ‘huachicol fiscal’

En cada sexenio han salido a la luz escándalos que han significado pérdidas millonarias para el erario. Morena construyó buena parte de su discurso político sobre la promesa de erradicar esas prácticas mediante la austeridad republicana y el combate frontal a la corrupción. Sin embargo, durante su administración ha cobrado relevancia uno de los presuntos esquemas de contrabando y evasión fiscal más grandes de los últimos años: el llamado huachicol fiscal.

El caso volvió a colocarse en el centro del debate tras la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, en una pesquisa que las autoridades federales vinculan con una red de importación ilegal de hidrocarburos y evasión de impuestos. La captura ha reavivado el escrutinio sobre el alcance de esta trama y las posibles responsabilidades de actores políticos y empresariales.

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¿Qué es huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es un esquema de contrabando de hidrocarburos, donde se introducen al país combustibles con documentación falsa para evadir impuestos. Según organizaciones ciudadanas, como el Observatorio Ciudadano de Energía, señalaron que tan solo en 2025 reportó una pérdida anual de aproximadamente 123 mil mdp por esta práctica.

Según reportes de Petróleos Mexicanos (Pemex), se introdujeron al país al menos 18 millones de litros de diésel ilegalmente a través de puertos con documentos falsos y empresas fachada, con la complicidad de marinos, exjueces y funcionarios de aduanas, y donde diversos personajes de la política se han visto nombrados o involucrados directamente, muchos de ellos de alto perfil, además de algunos miembros de las filas de Morena, incluso personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A continuación te presentamos a los senadores, gobernadores, exgobernadores y figuras de la cúpula morenista que han sido señalados por estar presuntamente involucrados con el huachicol fiscal.

Adán Augusto López, en la mira

El senador y exsecretario de Gobernación ha sido uno de los nombres más polémicos en el escándalo. Actualmente, el legislador estaría siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos nexos con una red de huachicol fiscal y crimen organizado, que habrían operado contrabando de combustibles y lavado de dinero, según versiones periodísticas.

Asimismo, se le ha vinculado con Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol” y con el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, quien habría obtenido la concesión del muelle 289 del puerto de Tampico, donde supuestamente habría pasado el “huachicol fiscal”.

Hernán Bermúdez Requena, el segundo al mando en Tabasco

Quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, fue acusado de liderar a La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada al robo y contrabando de combustibles, y arrestado en Paraguay en 2025 y permanece recluido en el penal del Altiplano.

Según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Bermúdez Requena, junto con la organización criminal, pretendía extraer 38 millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas y suministrar 180 mil litros semanales de huachicol para las obras del Tren Maya, que eran coordinadas por un sobrino suyo.

Américo Villarreal, gobernador del estado clave

Villarreal también ha tenido diversos señalamientos de la red de huachicol fiscal, principalmente por su relación con el empresario Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien supuestamente habría financiado su campaña electoral en 2022. El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló a Villarreal por viajar en aeronaves financiadas por Carmona y de recibir dinero proveniente del contrabando de combustibles.

En 2026, el diputado panista Ismael García Cabeza de Vaca presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos hechos de corrupción, operaciones con recursos ilícitos y vínculos con la delincuencia organizada.

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Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina

Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado por presuntamente brindar protección a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sus sobrinos políticos, quienes habrían sido los operadores materiales de la red de contrabando de combustibles desde puertos como Altamira.

Sin embargo, la FGR, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, informó que el almirante había acudido a las autoridades dos años atrás, para reportar los problemas que había en áreas de la dependencia, hecho por el que hasta ahora no enfrenta ninguna investigación.

Los hermanos Farías Laguna

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, han sido señalados como los principales cabecillas de una red que habrían participado en el contrabando de hidrocarburos, aprovechando su posición dentro de la Marina.

Entre los señalamientos se encuentra que gestionaban una megaoperación capaz de cerrar la aduana de Tampico por alrededor de una hora para descargar millones de litros de diésel en 300 pipas, según un reporte de Milenio.

Manuel Roberto supuestamente coordinaba la asignación de marinos de confianza en puestos estratégicos en aduanas para facilitar el contrabando, mientras que Fernando, detenido en Argentina, facilitaba la entrada de buques con combustible importado proveniente de Texas, en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas, mediante un mecanismo de evasión fiscal.

Los hermanos López Beltrán

Los nombres quizá más mediáticos del escándalo son los hijos del expresidente López Obrador: Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo Alfonso López Beltrán, quienes fueron denunciados por los diputados federales del PAN, Federico Döring Casar y Marcelo de Jesús Torres Cofiño ante la FGR en septiembre de 2025, quienes los acusaron de los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia, y enriquecimiento ilícito “en agravio de la sociedad” bajo el nombre del “Cártel del Palenque”.

Asimismo, investigaciones del FBI y el IRS en Texas (específicamente sobre la empresa Icon Midstream) han señalado presuntos vínculos de “Andy” con un esquema de importación irregular de combustible.

Tania Contreras López, nexo de Villarreal y la red de huachicol

Es la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas y ha sido señalada en investigaciones por presuntos vínculos con el huachicol fiscal y tráfico de influencias, además de ser ella supuestamente el nexo entre Villarreal y la red.

Asimismo, sobre Contreras López pesaba la sombra el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien la investigaba a ella y a su cuñado y exdirectivo nacional de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios, por presunto “narco huachicol”.

Más funcionarios

La lista es larga, pero entre otros involucrados en el supuesto entramado se encuentran los siguientes personajes y funcionarios:

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• Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia. Fue señalado en septiembre de 2025 porque su esposa e hijo ganaron contratos por 500 millones de pesos y lo relacionaron con una red de comercialización de hidrocarburos vinculada con los hermanos Farías Laguna.
• Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia. La FGR abrió una investigación contra Vector Casa de Bolsa, empresa propiedad de Romo, por su presunta implicación en la red de “huachicol fiscal” y lavado de dinero.
• Daniel Asaf, diputado de Morena. Según versiones periodísticas, Asaf era la figura que supuestamente articulaba acuerdos y daba órdenes desde Palacio Nacional en una red de huachicol fiscal. Además, controlaba contratos, licitaciones y asignaciones directas en Pemex, junto con Marcos Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios de Pemex y cuñado de Pedro López Obrador, hermano del expresidente.
• Antonio Martínez Dagnino Asaf, titular del SAT y primo de Daniel Asaf.
• Olga Patricia Sosa, diputada local de Tamaulipas.
• Alberto Granados, alcalde de Matamoros.
• Marcos Herrería, exdirector corporativo de Administración y Servicios en Pemex.
• Paloma Rachel Aguilar, administradora general de Recursos y Servicios en el SAT.
• Alberto Becerra Mendoza, exadministrador general de Recursos y Servicios en la Agencia Nacional de Aduanas de México.
• Ángel Carrizales López, exdirector ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y -Ambiente (ASEA).
• Laura Josefina Chong, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEA.
• Gilberto Lepe Sáenz, titular de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
• Rogelio Hernández Cázares, excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
• Abraham Alipi Mena, exdirector del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).
• María Guadalupe Hernández, exjefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
• Iván Bernal, representante de la Secretaría de Energía (Sener).

La presidenta Claudia Sheinbaum ha emprendido diversos operativos para frenar el contrabando de combustible. Sin embargo, la permisividad que caracterizó al sexenio de López Obrador frente a estas redes podría haber dejado raíces profundas. Como consecuencia, muchos de los funcionarios señalados quizá nunca enfrenten un proceso judicial.

Ligan a Ernesto Ruffo con huachicol fiscal

Este jueves 16 de julio, fue detenido Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado de presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, como parte de una investigación relacionada con una red de operaciones de“huachicol fiscal”.

La Fiscal General, Ernestina Godoy, detalló cómo operaba el entramado supuestamente ligado a Ruffo, al que calificó como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

Según Godoy, esta estructura criminal utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones ilícitas y que operaba través de una empresa fundada por el también consejero del partido Somos México.