
Andrés Manuel López Beltrán publicó un video para deslindarse de Amílcar Olán y de la presunta red de huachicol fiscal señalada en investigaciones. - Foto: Cuartoscuro
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, acusa una presunta guerra sucia en su contra; pero se olvida de las investigaciones que lo vinculan con supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias y una red de huachicol fiscal.

Andrés Manuel López Beltrán volvió a rechazar las acusaciones que lo vinculan con presuntos actos de corrupción y una red de huachicol fiscal. Mediante un video en redes sociales, el hijo del expresidente López Obrador denunció una supuesta campaña mediática y negó cualquier nexo de negocios con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.
En un mensaje, con un estilo similar al de padre, el exsecretario de Organización de Morena calificó las acusaciones como una estrategia de “guerra sucia”. No obstante, múltiples investigaciones periodísticas han exhibido contratos millonarios, audios y testimonios judiciales que colocan su nombre en el centro de presuntas operaciones de tráfico de influencias.
El intento de deslinde de López Beltrán ocurre mientras surgen más nexos de su vínculo con Amílcar Olán y los crece la presión para que se investiguen su presunta relación con una red de huachicol fiscal tras la cancelación de su visa estadounidense.

En su video, López Beltrán se desmarca de Amílcar Olán y de cualquier vínculo personal. Incluso menciona que lo conoce porque la esposa del empresario estudió con él en la primaria.
Pese a su intento de desmarcarse, el mismo López Obrador reconoció en enero de 2024 que “sí es amigo de uno de hijos”.
Además, el vínculo personal y los negocios que tuvieron durante el sexenio pasado han sido evidenciados en distintas investigaciones periodísticas.
Medios como Latinus o Mexicanos contra la Corrupción han documentado la relación que benefició a Amílcar Olán con contratos en obras prioritarias como el Tren Maya o para la distribución de medicamentos en la administración de López Obrador.
La serie de investigaciones de Latinus, denominada El Clan, documentó presuntas operaciones en las que Jorge Amílcar Olán habría obtenido contratos en distintos rubros de la administración federal y gobiernos estatales, las cuales se facilitaron debido a la relación con Andy y su hermano Gonzalo López Beltrán.
Uno de los casos documentados fue la venta de balasto para dos de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Las investigaciones periodísticas señalaron que empresas relacionadas con Olán participaron en operaciones para abastecer de material a esos proyectos, cuestionados también por sus sobrecostos.
Asimismo, Latinus difundió además audios atribuidos a Olán en los que se mencionan presuntos vínculos con Iván Cazarín Molina, alias “el Tanque”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz y Oaxaca.
De acuerdo con esos reportajes, el contacto habría servido para extorsionar contra el propietario de una mina de balasto que abastecía de material a obras federales.
Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre de 2026 durante un operativo del Gabinete de Seguridad en Zapopan, Jalisco.
Los negocios de Olán también fueron documentados en el sector farmacéutico. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que, entre 2020 y 2022, la empresa Romedic recibió más de 490 millones de pesos mediante contratos de los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo para la adquisición de medicamentos.
Romedic fue constituida en enero de 2020 por Jorge Amílcar Olán Aparicio y su padre, Jorge Luis Olán Rodríguez. En Tabasco obtuvo nueve contratos por alrededor de 216 millones de pesos durante ese año, mientras que en diciembre de 2022 recibió un contrato por 274 millones de pesos en Quintana Roo.
La investigación también señaló que días antes de la adjudicación en Quintana Roo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había incluido a Romedic en una relación de distribuidores con incumplimientos sanitarios, luego de que inspectores no localizaron el establecimiento declarado por la empresa.
Los señalamientos sobre los negocios de Olán no se limitaron al sexenio de López Obrador. Latinus también reportó que una empresa relacionada con el empresario, Biosistemas y Seguridad Privada, obtuvo contratos por adjudicación directa equivalentes a 23 millones de pesos durante la administración de Claudia Sheinbaum.
El medio señaló que la compañía habría utilizado información privilegiada para participar en licitaciones y mencionó a funcionarios como Daniel Asaf, exjefe de la ayudantía presidencial, y Alejandro Calderón Alipi, exdirector del IMSS-Bienestar.

El otro gran tema del que López Beltrán se quiso deslindar es de la red de huachicol fiscal, negando cualquier participación en el esquema de contrabando de combustibles y acusó que se le busca vincular mediante “versiones falsas”.
“No tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir”, afirmó.
Sin embargo, olvida las distintas pruebas que lo vinculan; que incluso se encuentran en carpetas de la Fiscalía General de la República.
Algunos reportajes documentaron que las ganancias del esquema habrían sido utilizadas para financiar campañas políticas en las elecciones de 2021 y expusieron posibles conexiones con integrantes de Morena en Tamaulipas.
Entre los nombres relacionados con el caso aparece el exmarino Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “el Capitán Sol”, detenido el 2 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, habría fungido como intermediario entre los hermanos Farías Laguna y otros integrantes de la red, además de reclutar y coordinar pagos a marinos y funcionarios para facilitar la entrada de combustible en las aduanas de Tampico y Altamira.

Los propios Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusaron públicamente ser “chivos expiatorios”, mientras sus declaraciones y las de testigos protegidos citados por agentes del Ministerio Público Federal mencionaron gestiones políticas y descargas irregulares presuntamente vinculadas a “Andy” y al senador Adán Augusto López Hernández.
Recientemente, un reportaje de Azteca Noticias difundió un audio en el que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) expuso la declaración de un testigo protegido que habría mencionado al hijo del expresidente en descargas ilegales de combustible.
Durante la comparecencia, el agente Adín Jacobo Castellanos Franco leyó parte de la declaración identificada con las iniciales J.C.S.P, correspondiente a un capitán de la Cuarta Zona Naval de Mazatlán y exsubdirector de operación aduanal en Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California.
“Me dijo que yo le iba a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de ‘Andy’, a ver si a él no le hacían caso y me dijo ‘esto solo para tus ojos’... Me dijo que era algo político, que él había ido a México a Semar en fin de año y que había hablado con alguien y que ya era un tema arreglado”, se escucha en el fragmento leído por el agente ministerial.
En medio de los señalamientos contra Andy López Beltrán, el propio morenista dio a conocer que Estados Unidos le canceló la visa y aunque calificó la medida como “una decisión politiquera”, esta acción abrió preguntas sobre si se le investiga en EUA.
Mientras Andy acusa una campaña de desprestigio y rechaza cualquier responsabilidad, los señalamientos en su contra continúan apareciendo en investigaciones periodísticas y declaraciones de personas relacionadas con distintos casos.
Por su parte, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, ha dicho que “no hay pruebas” para que se pueda iniciar una investigación por alguno de los señalamientos en su contra.
Pese a las denuncias que se han interpuesto y las exigencias para que se le investigue, el hijo de AMLO aún aspira a buscar una diputación federal en el próximo proceso electoral de 2027.