
La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, podría llegar a la presidencia del Máximo Tribunal, lo que ha generado preocupación en el ámbito judicial - Foto: Cuartoscuro
Lenia Batres Guadarrama ha encendido alarmas en los integrantes del Máximo Tribunal, juristas y empresarios debido a sus posicionamientos y desempeño como ministra de la Suprema Corte.

La posible llegada de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2027 ha encendido las alertas por el riesgo de una justicia subordinada a intereses políticos, sin garantías de imparcialidad y con mayores enfrentamientos internos.
Las advertencias de empresarios, juristas y organizaciones de abogados se han intensificado ante las posturas de la ministra en asuntos que enfrentan los derechos de los ciudadanos con los intereses del gobierno. La preocupación alcanzó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció públicamente que empresarios le plantearon otras opciones para encabezar el máximo tribunal.
El reconocimiento ocurrió el 5 de agosto de 2026, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre las inquietudes del sector privado, Sheinbaum declaró que “hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres”. Aunque evitó identificar a los inconformes y aclaró que la decisión correspondía a la propia Corte, sus palabras confirmaron que la sucesión judicial había llegado a las conversaciones con los empresarios más influyentes del país.

Durante una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, Bernardo Gómez, directivo de Televisa-Univision, habría expresado su preocupación por la posible llegada de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte, según reveló el periodista Salvador García Soto el 1 de agosto de 2026 en su columna publicada en El Universal, donde señaló que la inquietud también fue compartida por otros de los principales empresarios del país debido a las posturas de la ministra contra las grandes empresas y al riesgo de incertidumbre jurídica para sus inversiones.
El temor gira alrededor de la incertidumbre para las inversiones, los litigios fiscales y la posibilidad de reabrir sentencias consideradas definitivas. El analista financiero Mario Maldonado y Juan Manuel Ureiro, especialista en el Poder Judicial de Integralia, también han advertido sobre los efectos que las posiciones de Batres podrían tener en la confianza empresarial.
Las críticas más severas provienen también del ámbito jurídico. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que “su llegada constituiría un retroceso más en la viabilidad de una nueva justicia en México”, al cuestionar su capacidad para construir acuerdos y garantizar independencia. Javier Martín Reyes, investigador de la misma institución, ha señalado que Batres contribuye a debilitar la certeza de las decisiones judiciales y considera desafortunada su eventual presidencia, aunque ambos especialistas lamentan que deben respetarse las reglas constitucionales de sucesión.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, durante la presidencia de Víctor Oléa Peláez, exigió desde enero de 2024 que Batres actuara por encima de sus preferencias políticas. La jurista Ana Laura Magaloni fue más contundente al señalar que “es una militante política, no un árbitro”. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) cuestionó sus declaraciones contra la carrera judicial y advirtió sobre el peligro de sustituir experiencia profesional por lealtades partidistas.
Pero también hay tensiones dentro de la SCJN. Estas alcanzaron uno de sus momentos más delicados el 4 de noviembre de 2026. Durante la discusión de una indemnización reclamada al ISSSTE por una familia que denunció presunta negligencia médica, seis ministros rechazaron el criterio de Batres para contar el plazo de reclamación desde la entrega del acta de defunción. Cinco integrantes del Pleno, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa, decidieron aplazar la resolución hasta revisar los cambios al proyecto. La controversia adquirió mayor relevancia porque el ISSSTE está dirigido por Martí Batres, hermano de la ministra.
La confrontación con Hugo Aguilar continuó el 5 de noviembre, cuando el presidente de la Corte mostró una tarjeta amarilla a Batres por el tiempo de su intervención y ella cuestionó su autoridad para aplicar ese mecanismo. No era un episodio aislado.
El 13 de agosto había acusado a sus compañeros de tenerle una “animadversión insana” después de que rechazaran un proyecto suyo. En enero también se negó a eliminar un párrafo que siete ministros habían objetado, relacionado con la posibilidad de revisar sentencias definitivas. Los incidentes han exhibido diferencias que van más allá de los criterios jurídicos y alcanzan el respeto a los acuerdos y la conducción del Pleno.
Columnas como Bajo Reserva de El Universal y Trascendió de Milenio relataron que la ministra Lenia Batres protagonizó un fuerte altercado a gritos a puerta cerrada durante sesión previa, apenas unos minutos antes de salir al salón del Pleno. Según estos reportes off the record, Batres perdió la calma y le gritó a sus homólogos al enterarse de que una mayoría de siete u ocho ministros votaría nuevamente en bloque para desechar sus proyectos y frenar sus posturas sobre el presupuesto del tribunal; alzando la voz, acusó a sus compañeros, incluidos los ministros afines al oficialismo, de haberse puesto de acuerdo a sus espaldas para exhibirla públicamente y de operar un boicot interno desde ahora para impedir que asuma la presidencia de la Suprema Corte en 2027.