Tocando Corazones: el acuerdo empresarial que ahora genera diferencias en Guanajuato

Lo que comenzó como una negociación entre el Gobierno de Guanajuato y las dirigencias empresariales para establecer un nuevo modelo de asignación de recursos sociales hoy enfrenta cuestionamientos desde el propio sector privado.

El programa Tocando Corazones, impulsado por la administración estatal, se convirtió en un punto de desencuentro entre representantes empresariales que antes participaron en los acuerdos para ponerlo en marcha.

La controversia gira en torno a las decisiones que llevaron a los organismos empresariales a retirar los amparos que habían promovido contra el nuevo esquema de distribución de recursos, así como a su posterior participación en los procesos de evaluación y selección de proyectos.

Sin embargo, mientras algunas dirigencias aceptaron incorporarse al modelo, otras voces empresariales han cuestionado la negociación y el funcionamiento del programa, lo que ha evidenciado diferencias sobre la manera en que deben administrarse los apoyos destinados a organizaciones civiles.

¿Cómo surgió la polémica por Tocando Corazones?

El conflicto tiene sus antecedentes en 2024 y 2025, cuando distintos organismos empresariales promovieron amparos para impedir que el Gobierno de Guanajuato asumiera la administración de los recursos del extinto Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias para el desarrollo social y la seguridad pública (FIDESSEG).

La disputa se centraba en el control y la asignación de los recursos que anteriormente se canalizaban mediante este mecanismo, en el que participaban representantes del sector empresarial.

No obstante, en julio de 2025, las dirigencias empresariales decidieron retirar los amparos y aceptar su participación en el nuevo modelo propuesto por el Gobierno estatal.

Así se abrió paso a Tocando Corazones, un programa que contempla apoyos para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en rubros como alimentación, salud, educación y asistencia social.

Empresarios cuestionan el acuerdo y el funcionamiento del programa

Pese a que algunas dirigencias respaldaron la negociación, las diferencias no tardaron en aparecer.

Salvador Cayón, exconsejero del FIDESSEG, cuestionó la decisión de retirar los recursos legales y señaló posibles intereses personales detrás de la negociación entre las dirigencias empresariales y el Gobierno estatal.

A estos señalamientos se sumaron las observaciones del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) sobre el funcionamiento de Tocando Corazones.

Su presidente, Mauricio Battaglia, ha aclarado que la participación de representantes empresariales en los procesos de evaluación y selección de proyectos no significa que hayan aprobado todas las propuestas presentadas.

La precisión evidencia una diferencia entre participar en los mecanismos del programa y respaldar cada una de las decisiones que se toman dentro de él.

Gobierno de Guanajuato defiende el programa

Mientras crecen los cuestionamientos desde el sector empresarial, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, ha defendido la continuidad de Tocando Corazones, así como sus mecanismos de evaluación y los criterios para distribuir los apoyos.

El programa busca mantener el respaldo a organizaciones civiles que atienden distintas necesidades sociales en la entidad, bajo un esquema distinto al que operaba con el FIDESSEG.

Sin embargo, las diferencias entre los representantes empresariales han colocado nuevamente en el centro del debate quién debe participar en la administración y supervisión de estos recursos, así como cuáles son las condiciones para garantizar su transparencia.

Tocando Corazones exhibe diferencias dentro del empresariado

La discusión alrededor de Tocando Corazones no solo involucra al Gobierno estatal y a los organismos empresariales, sino que también expone las distintas posturas que existen dentro del sector privado de Guanajuato.

Por un lado, las dirigencias que retiraron los amparos aceptaron participar en el nuevo modelo; por otro, representantes empresariales han cuestionado tanto aquella negociación como algunos aspectos de la operación del programa.

El contraste deja sobre la mesa una interrogante: ¿por qué algunos empresarios aceptaron el acuerdo con el Gobierno de Guanajuato y ahora existen cuestionamientos sobre el esquema que contribuyeron a establecer?

Por ahora, la controversia mantiene bajo escrutinio la relación entre el Gobierno estatal y los organismos empresariales, así como el futuro de un programa que busca canalizar recursos públicos hacia organizaciones de asistencia social.