Elección judicial en México: expertos alertan alto costo y piden posponerla a 2028

De cara al próximo proceso de renovación de juzgadores en el país, académicos, legisladores y autoridades electorales manifestaron su preocupación por la viabilidad de la reforma judicial impulsada por Morena.

Suscríbete a nuestro newsletter. Da click aquí

Entre las principales alertas destacan los riesgos operativos, la falta de ahorros presupuestales y la posible pérdida de capital humano capacitado.

Debido a esto, se ha planteado la necesidad de separar la elección de personas juzgadoras de los comicios constitucionales de 2027, año en el que se renovarán 17 gubernaturas, con el fin de garantizar condiciones de equidad y evitar complicaciones logísticas.

El impacto presupuestal: más de 15 mil mdp

La consejera electoral Rita Bell López estimó que la organización conjunta de ambos procesos podría superar los 15 mil millones de pesos, cifra que no contempla las prerrogativas de los partidos políticos. Explicó que este cálculo surge de la sumatoria de lo que costaría cada elección por separado.

La funcionaria subrayó que realizar ambas elecciones el mismo día no implica un ahorro real para el Estado.

“Nosotros tenemos que seguir contratando el mismo número de CAES, de supervisores… También hay que buscar otras bodegas. No se puede utilizar lo mismo para la elección legislativa y la del judicial. Eso implica otros gastos”, detalló la consejera.

Además del factor económico, López advirtió sobre la complejidad que enfrentaría el electorado en las urnas y la desventaja de las candidaturas judiciales frente a la difusión de los partidos políticos, por lo que consideró que posponer el proceso hasta 2028 permitiría una mejor organización.

“Creo que para el electorado sí va a ser complejo llegar a un espacio y decir aquí cómo voto y por el otro cómo voto… se verían opacados ante más difusión que sí tendrían los partidos políticos. (...) Para dedicarnos a eso y ya con eso tendríamos suficiente tiempo para darle su tiempo a cada una”, señaló.

Riesgo de captura partidista y pérdida de capital humano

Por su parte, el senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, coincidió en que el riesgo operativo es elevado y el ahorro mínimo.

Durante el foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, alertó que llevar la elección de juzgadores al terreno político puede comprometer la independencia judicial y permitir el ingreso de perfiles sin la preparación adecuada.

Ante este panorama, el legislador propuso tres líneas de acción fundamentales para corregir las fallas detectadas:

• Ajustar el calendario electoral para separar los procesos.
• Establecer una certificación técnica obligatoria para todos los aspirantes.
• Endurecer los criterios de selección para evitar la captura partidista de las candidaturas.

Riesgo de pérdida de capital humano y fechas límite

Un punto crítico señalado por Corral fue el impacto en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2027. Advirtió que tras la elección de 2025, se habría sustituido al 60% de los juzgadores locales ya capacitados en esta materia, lo que representa una pérdida grave de capital humano especializado.

Finalmente, el legislador recordó que cualquier ajuste constitucional debe realizarse bajo el límite legal establecido en el artículo 105, que fija un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral. Esto sitúa la fecha límite para eventuales reformas entre el 18 y el 22 de mayo.