
Foto: Redes Sociales
Reportajes de medios como The New York Times, ABC y The Wall Street Journal exponen la presunta red de protección institucional al crimen organizado y la espiral de violencia que azota a la entidad.

El partido Morena está bajo el escrutinio de de la prensa internacional tras revelarse la acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otras 9 personas, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con ‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.
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El tema toma relevancia en especial luego que dos figuras clave del gobierno de Rocha Moya -exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega- se entregaron a autoridades de EUA.
Una serie de reportajes publicados en los últimos días por medios como The New York Times o Wall Street Journal retoman el presunto esquema de corrupción que rodea al grupo de Rocha Moya en Sinaloa por sus nexos con Los Chapitos y que ha generado un clima de violencia en la entidad.

Un reportaje del diario The New York Times expuso detalladamente testimonios de operativos de la delincuencia organizada que operaban en Culiacán.
Los integrantes del grupo criminal revelaron la existencia de una “arquitectura invisible de protección” operada por corporaciones policiales locales y estatales, las cuales presuntamente servían como guardaespaldas de líderes del narcotráfico, realizaban arrestos dirigidos contra rivales y daban avisos anticipados sobre los despliegues del Ejército.
Los testimonios recogidos por el rotativo neoyorquino coinciden con los señalamientos de los fiscales federales en Nueva York, quienes acusan a Rubén Rocha Moya y a nueve políticos de su círculo de haber facilitado el libre tránsito y control territorial del cártel tras ganar la gubernatura en 2021.
Según los propios operativos, la pérdida de este manto de protección estatal ante la ofensiva judicial norteamericana podría significar un golpe fatal para la hegemonía de la organización delictiva en la región.

Por su parte, el diario español ABC enfatizó que la justicia estadounidense comenzó a estrechar el cerco sobre el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dado que los funcionarios implicados en la red de Sinaloa son identificados como allegados a la cúpula que fundó Morena.
El medio reportó que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez se declaró no culpable ante la jueza Sarah Netburn por cargos de recibir 100 mil dólares mensuales a cambio de brindar protección criminal, mientras que Enrique Díaz Vega es acusado de coordinar con capos de la droga qué candidatos debían ser intimidados durante el proceso electoral de 2021.
Según el medio, para la presidenta Claudia Sheinbaum la situación representa una encrucijada política.
Avanzar contra los funcionarios sospechosos de su propio partido implica una confrontación directa con el ala dura de su movimiento y con su mentor político, mientras que mantener la inacción tensa la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump, con quien sostuvo recientemente una llamada telefónica para abordar temas de seguridad regional.

El panorama de descomposición social y criminal fue retratado a fondo por The Wall Street Journal. El influyente diario financiero publicó que la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos por el control de la organización delictiva ha dejado una cifra devastadora de alrededor de 3 mil personas asesinadas y más de 3 mil 600 desaparecidos.
El diario describe a Culiacán como una ciudad marcada por el abandono institucional, donde colectivos de madres buscadoras y peritos recorren los campos desenterrando restos humanos en medio de los enfrentamientos.
El análisis de The Wall Street Journal cuestiona severamente la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador, basada en el lema “abrazos, no balazos”.
De acuerdo con la publicación, esta política lejos de debilitar a las organizaciones criminales les permitió expandir su control territorial, fortalecer sus redes de halcones, sofisticar su capacidad armada e incrementar la producción de fentanilo hacia Estados Unidos.
El diario concluye que el caso de Rocha Moya alimenta las sospechas históricas de protección política y advierte que las autoridades estadounidenses ya contemplan nuevas acciones judiciales contra más funcionarios vinculados a estas redes.
