La tortilla bajo control criminal: cárteles imponen precios, rutas y cuotas

El crimen organizado ya no solo cobra cuotas a tortillerías, pues reportes de inteligencia detectó que en varias regiones del país tomó el control de la cadena de la masa y la tortilla, desde el cultivo del maíz, el transporte del grano, la venta de insumos, el gas, la distribución y hasta el precio final que paga la gente por kilo.

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La tortilla, uno de los alimentos básicos de millones de familias mexicanas, quedó atrapada en un esquema de dominio criminal que golpea al productor, al tortillero y al consumidor. El precio ya no depende únicamente del mercado, de los costos de producción o de la competencia. En las zonas más afectadas, lo determina la amenaza.

De acuerdo con Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, la delincuencia ya interviene en la fijación del precio de este alimento básico. El encarecimiento de los insumos y la extorsión provocan que el kilo de tortilla aumente entre 6 y 12 pesos adicionales para el consumidor.

¿Cómo controla el crimen organizado la producción de tortilla?

Una investigación del Washington Post reveló que el control criminal comienza desde el origen. En entidades como Sinaloa, los grupos delictivos controlan el abasto de agua necesario para los cultivos de maíz. También secuestran tráileres que transportan el grano hacia las tortillerías y obligan a los choferes a pagar fuertes sumas para liberar la mercancía.

El siguiente paso es el monopolio de los insumos. En distintas regiones, los locatarios aunque de forma anónima denuncian ante su gremio que los delincuentes obligan a las tortillerías a comprarles exclusivamente a ellos el maíz, la harina y el gas. La imposición no es comercial, es bajo amenaza. Una tonelada de maíz que normalmente cuesta 7 mil 500 pesos puede ser revendida por los grupos criminales hasta en 12 mil pesos.

El golpe termina en el mostrador porque los tortilleros absorben extorsiones, sobreprecios y amenazas, pero una parte de ese costo se traslada al consumidor. Así, el crimen organizado no solo presiona a los negocios; también encarece la comida diaria de las familias.

En Guerrero, denuncias públicas y colocación de cartulinas revelaron que el control llega incluso al precio final. En Iguala, grupos criminales obligaron a dueños de tortillerías a bajar el kilo de 33 a 21 pesos mediante mensajes de intimidación. La reducción fue presentada como un supuesto apoyo a las familias, pero en realidad exhibió otra forma de dominio criminal sobre los comercios y sobre la vida cotidiana.

Entre 15 y 24 por ciento de las tortillerías del país, unas 20 mil en todo México, son víctimas de cobro de cuotas y derecho de piso, estimó en su investigación The Washington Post. Quienes se resisten enfrentan represalias directas. Los negocios son atacados a balazos, incendiados con bombas molotov o cerrados bajo amenaza. Propietarios y trabajadores también enfrentan secuestros, golpizas e incluso homicidios.

En algunos puntos, el crimen organizado utiliza a repartidores en motocicleta que surten tortilla a taquerías para que también funcionen como narcomenudistas. La red comercial se convierte así en una red de vigilancia, presión y distribución criminal.

¿Qué cárteles controlan la cadena de la tortilla?

Entre los grupos señalados aparece La Familia Michoacana, con una fuerte capacidad de control sobre la cadena agroalimentaria, sostuvo el periodista Jesús Lemus en una investigación.

También se menciona al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado junto con La Familia Michoacana por la aplicación de cuotas por protección a tortillerías.

En Guerrero, el fenómeno involucra al Cártel de la Sierra, también conocido como Los Tlacos, y a Los Ardillos. A la Fiscalía estatal han llegado denuncias contra estos grupos rivales que han sido señalados por el control de precios, cuotas y cierres de establecimientos alimenticios, entre ellos tortillerías y pollerías.

¿Qué estados son los más afectados por el control del crimen organizado?

Información recolectada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que operativos implementados en el Estado de México por la Sedena y la Fiscalía estatal muestran que esa entidad es una de las zonas más afectadas. El problema se concentra particularmente en el sur y en la región de Tierra Caliente, en municipios como:

• Tejupilco
• Luvianos
• Tlatlaya
• Tenancingo
• Villa Guerrero
• Malinalco

También alcanza poblados del Valle de Toluca, entre ellos Toluca, Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

Guerrero es otra de las entidades más golpeadas. La crisis se refleja en municipios como Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Chilpancingo, además de las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande, donde los cierres de comercios, las amenazas y el control de precios muestran el alcance de la presión criminal sobre alimentos básicos.

El mapa se extiende a la Ciudad de México, donde se reportan cuotas compartidas con el Estado de México. También alcanza Sinaloa, por la asfixia agrícola y de transporte; Morelos, con ataques armados en Cuautla; y Quintana Roo, con agresiones registradas en Cancún.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

En el sector también operan establecimientos informales que venden producto insalubre o con peso incompleto, lo que agrava la crisis para negocios formales que además deben enfrentar extorsiones, amenazas y sobrecostos.

Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones locales han realizado detenciones de extorsionadores vinculados a células delictivas en el Estado de México, pero el fenómeno ya rebasa el cobro de piso tradicional. El crimen organizado no solo exige dinero sino impone proveedores, controla rutas, fija precios, castiga resistencias y usa un alimento básico como herramienta de dominio territorial.

La tortilla se volvió una muestra del poder criminal sobre la economía cotidiana, pues cuando los grupos delictivos deciden quién vende, quién compra, cuánto cuesta el maíz, cuánto se paga por el gas y cuánto vale el kilo al consumidor, el problema deja de ser solo de seguridad. Se convierte en un golpe directo al bolsillo, a la alimentación y a la vida diaria de millones de familias.