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Expedientes oficiales, auditorías y registros públicos revelan un patrón sistemático donde conocidos de la familia presidencial, señala Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen en el centro de una red de presunto tráfico de influencias, conflictos de interés y contratos públicos que involucran a su círculo más cercano de amigos y operadores, afirmó Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En entrevista para Político MX, el investigador detalló que, aunque no existen firmas directas de los familiares del exmandatario en los expedientes oficiales, las auditorías y los registros públicos revelan un patrón sistemático donde conocidos de la familia presidencial terminaron convertidos en empresarios, contratistas o funcionarios beneficiados por el gobierno federal.
De acuerdo con el análisis de MCCI, la red opera a través de tres frentes principales que han sido documentados en los últimos años:
El primer caso que abrió la discusión pública fue el de José Ramón López Beltrán y la llamada Casa Gris en Texas. El investigador afirmó que el problema no era sólo la ostentosidad de la vivienda, sino que pertenecía a un alto funcionario de Baker Hughes, empresa que después apareció ligada a contratos con Pemex.
“Entonces la casa digamos es la punta del iceberg, pero el verdadero problema es que hay elementos de conflicto de interés y lo más importante es que el gobierno dijo que no existía ese conflicto de interés porque no había ningún contrato”, dijo.
Núñez aseguró que esa explicación oficial se cayó cuando, después de una disputa por obtener documentos vía el entonces INAI, aparecieron 27 contratos por 150 millones de pesos.
“Ellos dijeron que no hay conflicto de interés porque Pemex no le entrega contratos a esa empresa, entonces no pasa nada y lo que sucedió es que hasta un año después pudimos tener la evidencia documental”, señaló al referirse al caso de Baker Hughes y los contratos que habían sido negados públicamente.
De acuerdo con Núñez, el núcleo operativo más activo del modus operandi se concentró en torno a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y su círculo de amistades de la infancia, quienes transitaron de la esfera privada a convertirse en contratistas recurrentes del Estado.
El mecanismo básico funciona bajo una secuencia coordinada: un miembro del círculo íntimo de los López Beltrán funda una empresa o se asocia con una ya existente, la cual, poco tiempo después, comienza a recibir de forma directa permisos o adjudicaciones multimillonarias por parte de diversas dependencias federales.

Entre los casos mencionados colocó el Malecón de Villahermosa, donde señaló a Alejandro Castro Jiménez Labora como parte del círculo de Andy López Beltrán y beneficiario de contratos por alrededor de 3 mil 200 millones de pesos.
Núñez dijo que esa obra fue inaugurada antes de estar terminada, presentó sobrecostos y fue observada por la Auditoría Superior de la Federación.
El modelo demostró mayor velocidad administrativa en el sector salud con la empresa Romedic, propiedad de Amílcar Olán (también ligado al círculo presidencial).
La firma fue constituida e integrada de forma exprés en los padrones de proveedores y, de manera casi inmediata, recibió 490 millones de pesos provenientes del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para operar en los estados de Tabasco y Quintana Roo, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos mínimos para la gestión de insumos médicos.

Núñez aseguró que Mexicanos Contra la Corrupción ha reunido contratos, actas constitutivas, domicilios, socios, representantes legales y fotografías que muestran la cercanía entre los personajes señalados.
“Para todas y cada una de ellas siempre está de entrada el contrato, nunca hablamos de entrega de recursos donde no hay contrato”, sostuvo al defender que sus investigaciones parten de documentos oficiales y no sólo de señalamientos políticos.
Respecto a las versiones que sugieren posibles nexos con el narcotráfico o el financiamiento ilegal de campañas, Núñez se mostró cauteloso y aclaró que MCCI no puede acreditar una relación directa sin una indagatoria ministerial.
No obstante, precisó que el mecanismo encontró una zona de alta vulnerabilidad cuando Andrés Manuel López Beltrán asumió la Secretaría de Organización de Morena, una posición estratégica por donde transitan las definiciones de candidaturas, recursos y acuerdos políticos locales en todo el país.

A pesar de que MCCI ha reunido una base de datos compuesta por contratos gubernamentales, actas constitutivas notariales, registros de domicilios fiscales y fotografías de los implicados, el modus operandi se mantiene intacto debido al bloqueo de las instituciones punitivas del Estado.
“Nadie se ha atrevido a decir que (los documentos) son apócrifos o son falsos porque son documentos oficiales. Para todas y cada una de ellas siempre está de entrada el contrato”, sentenció Núñez, quien concluyó que el verdadero blindaje del sistema es que ninguna fiscalía ni instancia anticorrupción se ha atrevido a abrir un expediente criminal de fondo para revisar las cuentas de los hijos del expresidente con los requisitos técnicos mínimos para la gestión de insumos médicos.