Quién es quién: los responsables en la polémica detención del ‘Mayo’ Zambada

La captura de Ismael “Mayo” Zambada no solo abrió uno de los expedientes más relevantes en la historia reciente del combate al narcotráfico. También colocó bajo presión a las principales instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y la política exterior de México y Estados Unidos.

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Desde julio de 2024, el caso ha involucrado a presidentes, fiscales, secretarios de Seguridad, cancilleres, embajadores y otros funcionarios de México y Estados Unidos que, desde sus respectivos cargos, han tenido algún papel en la investigación, la relación bilateral o las decisiones tomadas alrededor del caso.

En esta nota te explicamos quiénes eran, qué cargo ocupaban y cuál fue su participación en uno de los expedientes de seguridad más relevantes entre ambos países.

Los funcionarios que recibieron el caso del ‘Mayo’ en 2024

Andrés Manuel López Obrador

Cuando Ismael “Mayo” Zambada fue trasladado y detenido en territorio estadounidense, Andrés Manuel López Obrador encabezaba la Presidencia de México. Desde las primeras horas posteriores a la captura sostuvo que su gobierno no había participado en el operativo y que tampoco fue informado previamente por autoridades de Estados Unidos sobre los hechos.

Conforme avanzaron los días, el entonces mandatario endureció su postura y comenzó a exigir información formal a Washington.

Para López Obrador, el tema dejó de ser únicamente un asunto relacionado con el narcotráfico y se convirtió en un posible caso de vulneración a la soberanía nacional, al plantear que ninguna autoridad extranjera podía intervenir dentro del territorio mexicano sin autorización.

Durante los últimos meses de su administración insistió en conocer la ruta del avión, la identidad del piloto y el papel que habrían desempeñado agencias estadounidenses. Esa postura terminó marcando la narrativa oficial del Gobierno mexicano y fue heredada a la siguiente administración.

Rosa Icela Rodríguez

Como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez fue la primera funcionaria encargada de informar públicamente lo ocurrido.

El 26 de julio de 2024, la entonces titular de la SSPC presentó una cronología basada en la información proporcionada por autoridades estadounidenses.

También dio a conocer el nombre de Larry Curtis Parker, quien supuestamente había pilotado la aeronave utilizada para trasladar a Zambada hacia Estados Unidos.

Sin embargo, esa versión se vino abajo pocos días después, cuando la persona señalada negó públicamente haber participado en el vuelo. Aquella contradicción se convirtió en una de las primeras inconsistencias que marcaron el caso.

Dos años después, ya como secretaria de Gobernación, Rosa Icela volvió a colocar el expediente en el centro del debate al afirmar que “alguien mintió”, luego de que nuevas investigaciones periodísticas apuntaran a una posible participación del FBI durante el operativo.

Alejandro Gertz Manero

Desde el mismo 25 de julio de 2024, Alejandro Gertz Manero, el entonces fiscal General de la República, quedó al frente de una de las investigaciones más delicadas para la FGR. La institución abrió diversas carpetas para determinar si durante el traslado de Ismael “Mayo” Zambada se cometieron delitos en territorio mexicano, entre ellos secuestro, homicidio, uso indebido de aeropuertos y posibles violaciones a la soberanía nacional.

Conforme avanzó el caso, el entonces fiscal endureció el tono contra las autoridades estadounidenses. En distintas conferencias sostuvo que Washington no había entregado toda la información solicitada por México y cuestionó que la FGR no pudiera entrevistar al piloto involucrado en el vuelo ni acceder oportunamente a la aeronave utilizada para trasladar al líder del Cártel de Sinaloa.

Gertz también denunció que la información compartida por Estados Unidos presentaba inconsistencias y aseguró que las investigaciones mexicanas seguirían abiertas hasta conocer cómo ocurrió realmente el traslado del capo. Buena parte de esas líneas de investigación continúan vigentes actualmente.

Alicia Bárcena

Cuando ocurrió el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores era Alicia Bárcena. Desde la cancillería encabezó las gestiones diplomáticas para solicitar información al gobierno estadounidense sobre cómo ocurrió el ingreso del capo a ese país.

La entonces canciller respaldó la exigencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que Washington entregara todos los detalles del operativo, al considerar que existían dudas sobre una posible actuación de agencias estadounidenses dentro del territorio mexicano.

Ken Salazar

Ningún funcionario estadounidense quedó tan ligado al caso como Ken Salazar. Como embajador de Estados Unidos en México fue el principal interlocutor entre ambos gobiernos durante la crisis generada por la captura del “Mayo”.

En agosto de 2024 sostuvo públicamente que ninguna autoridad estadounidense había participado en el operativo realizado en territorio mexicano.

“No fue un avión de Estados Unidos. No fue un piloto de Estados Unidos. No fueron nuestros agentes”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Durante casi dos años esa declaración fue considerada la postura oficial de Washington. Sin embargo, investigaciones periodísticas de Pie de Nota, difundidas en 2026, así como nuevas líneas abiertas por la FGR, provocaron que sus palabras fueran nuevamente cuestionadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó incluso a preguntar públicamente: “¿Quién mintió? ¿Ken Salazar mintió?”, mientras que la FGR confirmó que analiza sus declaraciones dentro de las investigaciones.

Joe Biden, Merrick Garland y las agencias estadounidenses

Cuando ocurrió la captura, Joe Biden era el presidente de Estados Unidos y Merrick Garland ocupaba el cargo de fiscal general. Fue precisamente el Departamento de Justicia el que anunció oficialmente la detención de Ismael Zambada y confirmó que enfrentaría cargos por narcotráfico en cortes federales estadounidenses.

Mientras tanto, el FBI, encabezado entonces por Christopher Wray, y la DEA, dirigida por Anne Milgram, quedaron bajo la atención pública debido a los cuestionamientos sobre una posible participación de agencias estadounidenses en el operativo.

Aunque oficialmente Washington sostuvo que ninguna autoridad federal intervino en territorio mexicano, esa versión comenzó a debilitarse con las investigaciones periodísticas publicadas en 2026 y con los documentos que posteriormente fueron incorporados a las investigaciones mexicanas.

Una nueva administración heredó el caso y reabrió varias líneas de investigación

El cambio de gobierno en México no significó el cierre del expediente.

La llegada de una nueva administración también significó el relevo de varios de los funcionarios responsables de la seguridad y de la procuración de justicia, quienes heredaron un expediente lleno de dudas e inconsistencias.

Claudia Sheinbaum

Al asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum heredó un expediente que seguía abierto y con varias interrogantes sin resolver. Durante sus primeros meses de gobierno mantuvo la exigencia de información hacia Estados Unidos y respaldó las investigaciones que continuaba desarrollando la FGR.

La polémica resurgió cuando el reportaje periodístico de Pie de Nota, señaló la posible participación del FBI en el operativo que terminó con la captura de Zambada. Fue entonces cuando la mandataria cuestionó públicamente la versión ofrecida por Ken Salazar durante 2024.

Además de pedir una explicación a Washington, Sheinbaum sostuvo que cualquier actuación unilateral de agencias estadounidenses en territorio mexicano podría representar una violación a la soberanía nacional y reiteró que la cooperación bilateral solo puede desarrollarse mediante mecanismos institucionales.

Omar García Harfuch

Como actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch debió responder por una de las decisiones más polémicas derivadas del expediente: la entrega de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jando”, a las autoridades estadounidenses.

El funcionario explicó que el piloto fue enviado conforme a la Ley de Seguridad Nacional, como parte de la entrega de 26 objetivos prioritarios requeridos por el gobierno estadounidense. También aclaró que la decisión fue tomada de manera colegiada por el Gabinete de Seguridad y que la investigación penal seguía bajo responsabilidad exclusiva de la FGR.

Sus declaraciones explicaron el procedimiento seguido por el gobierno mexicano, luego de que surgieran cuestionamientos sobre por qué un personaje considerado pieza clave para esclarecer el caso terminó siendo entregado a Estados Unidos.

Ernestina Godoy

Con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, el expediente volvió a revisarse prácticamente desde el inicio. Nuevos análisis periciales permitieron identificar plenamente a Mauro Alberto Núñez Ojeda como el piloto relacionado con el traslado de Ismael Zambada, además de establecer nuevas líneas sobre la aeronave utilizada y las condiciones en que abandonó el país.

La Fiscalía informó que el avión despegó desde una pista sin autorización y presentaba alteraciones en sus medios de identificación. Asimismo, confirmó que las investigaciones sobre la posible participación de agencias estadounidenses continúan abiertas.

Godoy también sostuvo que, de comprobarse una intervención del FBI o de cualquier otra agencia federal estadounidense sin autorización de México, podrían configurarse violaciones a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y diversos tratados internacionales.

Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco

Con el inicio del gobierno de Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantuvo la misma postura institucional: exigir información completa a Estados Unidos sobre la captura del líder del Cártel de Sinaloa y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral.

Posteriormente, tras su salida de la cancillería, Roberto Velasco quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y continuó con las gestiones diplomáticas relacionadas con el caso. Bajo su conducción, la SRE ha acompañado las solicitudes de información formuladas por la FGR y el Gabinete de Seguridad para esclarecer el papel que pudieron desempeñar autoridades estadounidenses en el operativo.

Donald Trump y el nuevo gabinete de seguridad estadounidense

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca también cambió el equipo de funcionarios estadounidenses que hoy tiene bajo su responsabilidad el seguimiento del caso.

En el frente diplomático, Marco Rubio, como secretario de Estado, encabeza la relación bilateral con México. Mientras tanto, Todd Blanche, quien asumió como fiscal general interino tras la salida de Pam Bondi en abril de 2026, quedó al frente del Departamento de Justicia, la dependencia responsable de los procesos penales que enfrenta Zambada en Estados Unidos y de la cooperación jurídica con México.

A ellos se suma Kash Patel, director del FBI, cuya agencia volvió al centro de la polémica después de que investigaciones periodísticas y documentos conocidos este año señalaran una posible participación de personal federal estadounidense en el operativo realizado en julio de 2024, una versión que el Gobierno mexicano busca esclarecer.

A su vez, con el cambio de administración en EUA, Ronald Johnson asumió la embajada estadounidense en México en sustitución de Ken Salazar. Aunque Johnson no participó en los hechos ocurridos en julio de 2024, sí le ha correspondido administrar la relación bilateral en la etapa donde México intensificó sus exigencias para esclarecer el caso.

Caso ‘Mayo’ alcanza a Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Además de las autoridades federales, el caso también alcanzó a funcionarios estatales y municipales de Sinaloa, quienes aparecieron de forma recurrente en la investigación tras la carta difundida por Ismael “Mayo” Zambada y, posteriormente, por las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El propio “Mayo” aseguró en una carta publicada en agosto de 2024 que el día de su secuestro acudió a una reunión donde presuntamente estarían presentes el entonces gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Rocha negó esa versión y sostuvo que ese día se encontraba fuera del país, mientras que la Fiscalía mexicana mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias en que ocurrió el encuentro.

Dos años después, el escenario dio un giro cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen también el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía estatal y de corporaciones policiacas. Todos han rechazado las acusaciones.

Un expediente que cambió de funcionarios, pero no de preguntas

A casi dos años de la captura de Ismael “Mayo” Zambada, prácticamente todos los funcionarios que encabezaban las instituciones responsables de la seguridad han cambiado de cargo o dejaron sus funciones.

Sin embargo, las principales interrogantes permanecen abiertas: quién organizó realmente el operativo, cómo salió el capo de México, cuál fue el papel de las agencias estadounidenses y qué información continúa sin compartirse entre ambos gobiernos.

Mientras las investigaciones avanzan por caminos paralelos en México y Estados Unidos, el caso se mantiene como uno de los episodios que más ha tensado la relación bilateral en materia de seguridad durante los últimos años.