
Miles de adolescentes en México cumplen la mayoría de edad dentro de centros de asistencia social, enfrentando la transición a la vida independiente sin acompañamiento. - Foto: Cuartoscuro
Mientras miles de niñas, niños y adolescentes crecen en instituciones de asistencia social, México sigue sin contar con información suficiente para saber cuántos llegan a la mayoría de edad sin una red de apoyo y qué ocurre después

Imagina pasar tu infancia y tu adolescencia en una sala de espera; esperando a que un juez firme un papel; esperando a que una procuraduría integre un expediente; esperando a que el Estado resuelva qué pasará con tu familia. Y que, mientras los sellos y los oficios rebotan de escritorio en escritorio, tú creces.
Cumples 15, 16, 17 años, hasta que un día soplas las 18 velas y el sistema que juró protegerte puede colocarte frente a una realidad para la que quizá nadie te preparó: salir de la institución y empezar a arreglártelas solo.
No es el guión de una película distópica, es uno de los riesgos que enfrentan los llamados “niños invisibles” en México.
Cuando se habla de adopción en nuestro país, el debate suele quedarse en la superficie: que si los trámites para las familias son muy largos, que si muchas personas prefieren adoptar bebés recién nacidos.
Son problemas reales, pero hay otro que merece nuestra atención: ¿qué sucede cuando los tiempos de la justicia avanzan mucho más lento que los de la infancia? Porque un niño no deja de crecer mientras se resuelve un expediente, y cada año que pasa puede significar menos oportunidades de encontrar una familia, recuperar vínculos o prepararse para una vida independiente.

Para que una niña, niño o adolescente que vive en una casa hogar pueda ser adoptado, no basta con que esté bajo resguardo institucional. Primero debe determinarse su situación jurídica; las autoridades tienen que analizar si es posible la reintegración a su familia de origen o extensa y, cuando corresponde, resolver los procedimientos necesarios para que pueda ser adoptado.
En determinados casos, eso implica un juicio de pérdida de patria potestad, en el papel, las garantías jurídicas tienen una razón de ser: proteger los derechos de los menores y evitar separaciones familiares injustificadas.
El problema aparece cuando los procedimientos se prolongan sin que exista una solución oportuna. Porque mientras las instituciones cuentan plazos, los niños cumplen años.
Y los números deberían incomodarnos. De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social de 2015, retomado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, alrededor de 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo protección en casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional. De ellos, el 24.8% tenía entre 15 y 17 años; es decir, prácticamente uno de cada cuatro estaba cerca de cumplir la mayoría de edad.
Cinco años después, el Censo de Población y Vivienda de 2020 registró 53 mil 862 menores de edad en alojamientos de asistencia social. Pero cuidado: no son cifras directamente comparables ni significa que todos esos menores estuvieran en espera de adopción.
Y aquí aparece otro problema: México sigue sin contar con información pública suficientemente actualizada y desagregada para conocer con precisión cuántos niños viven hoy en centros de asistencia social, cuál es su situación jurídica y cuántos se acercan a la mayoría de edad sin una alternativa familiar.
Ni siquiera tenemos una fotografía completa de las infancias que el Estado tiene la obligación de proteger. ¿Y cuántos logran ser adoptados? Las cifras también requieren una explicación.
Entre 2014 y 2024, el DIF Nacional concluyó 147 adopciones tramitadas directamente por esa institución, un promedio de apenas 13.3 al año, según datos analizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Eso no representa todas las adopciones del país, de hecho, en abril de 2026, el propio DIF Nacional informó que 593 niñas, niños y adolescentes se incorporaron a una familia mediante adopciones nacionales e internacionales durante el periodo comprendido entre abril de 2024 y abril de 2025.
Son universos estadísticos distintos, pero juntos nos obligan a formular una pregunta: ¿cuántos menores que viven bajo protección institucional tienen realmente posibilidades de regresar con su familia, integrarse a otra o recibir el acompañamiento necesario para construir una vida propia?
Porque el riesgo de hablar únicamente de porcentajes es olvidar que detrás de cada expediente hay una vida en pausa.
En su novela Los Invisibles, la escritora mexicana Paulette Jonguitud retrata precisamente esa espera silenciosa, a partir de experiencias vinculadas con la infancia institucionalizada y los procesos de adopción.
Una historia que nos obliga a preguntarnos algo que muchos damos por hecho: ¿qué significa, en verdad, pertenecer a una familia?

Y aquí es donde el tema deja de ser únicamente una tragedia humana para convertirse también en una responsabilidad política y legislativa.
Cumplir 18 años marca el final de la condición jurídica de menor de edad, pero no significa que una persona esté preparada para vivir de manera independiente, mucho menos si pasó parte de su infancia o adolescencia bajo cuidado institucional.
El propio DIF Nacional reconoce, en sus documentos de atención y protección, la necesidad de preparar a los adolescentes para su egreso y acompañarlos en su transición a la autonomía.
Entonces, si las autoridades conocen el problema, ¿qué está pasando con su aplicación? ¿Cuántos jóvenes salen cada año de los centros de asistencia social al cumplir la mayoría de edad? ¿Cuántos tienen dónde vivir? ¿Cuántos continúan estudiando? ¿Cuántos consiguen trabajo? ¿Y cuántos reciben acompañamiento después de abandonar la institución?
La falta de información pública consolidada sobre estos egresos impide responder con precisión, y eso debería ser motivo suficiente para exigir cuentas.
Porque salir de una casa hogar sin una red de apoyo puede significar enfrentarse a la precariedad, a la falta de vivienda y a situaciones de violencia o explotación.
No significa que todos los jóvenes institucionalizados terminen en esas condiciones; significa que el Estado debe contar con mecanismos para evitarlo.
Y aquí aparece un dato legislativo que merece atención. El 8 de septiembre de 2026 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre sus propuestas estaba la creación de planes individuales de transición a la vida independiente, programas de acompañamiento y mecanismos de supervisión para los centros de asistencia social.
Seis días después, el 14 de septiembre, la iniciativa fue retirada. ¿La razón? ¿Se presentará una nueva propuesta? ¿Qué mecanismos existen actualmente para garantizar ese acompañamiento? Son preguntas que merecen respuestas.
Mientras tanto, en el Congreso y en los discursos oficiales se habla del Sistema Nacional de Cuidados y se discuten las prioridades del presupuesto público; pero, ¿dónde están estos jóvenes en la agenda? ¿Qué recursos se destinan específicamente a preparar su salida de las instituciones? ¿Qué programas garantizan continuidad educativa, vivienda temporal, capacitación laboral y acompañamiento psicológico? ¿Y quién verifica sus resultados?
Porque no basta con decir que el Estado protege a una niña o a un niño mientras vive en una institución: también importa qué herramientas le entrega para construir su futuro.

Hay algo particularmente incómodo en esta historia. Los niños no votan; los adolescentes que crecen en casas hogar rara vez tienen acceso a los espacios donde se toman las decisiones que afectan su vida; y quienes cumplen 18 años sin una red de apoyo difícilmente cuentan con los recursos para exigir que el sistema responda. Por eso resulta tan sencillo dejarlos fuera de la conversación pública.
Es momento de dejar de romantizar la asistencia social y exigir resultados. Necesitamos procedimientos judiciales oportunos que respeten los derechos de las familias y prioricen el interés superior de la niñez; información pública actualizada sobre quienes viven en centros de asistencia social y sobre quienes egresan de ellos; y programas de transición a la vida independiente con presupuesto, seguimiento y responsabilidades claras.
No es un acto de caridad, es una obligación de protección que no debería agotarse cuando alguien cumple años, porque un Estado que permite que una infancia transcurra entre expedientes sin resolver y después no garantiza una transición digna hacia la vida adulta no está fallando únicamente en un trámite, está fallando en su razón de existir.