Rebeldes con la causa equivocada

Los jóvenes siempre han tenido una relación complicada con el poder. Y qué bueno.

En 1968, los estudiantes paralizaron Francia para desafiar al sistema. Ese mismo año, en México, miles de jóvenes salieron a las calles para exigir libertades democráticas y poner en evidencia el autoritarismo de un gobierno que respondió con represión y culminó en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre.

En 1989, miles de personas derribaron el Muro de Berlín, ese símbolo de un Estado que decidió hasta dónde podían llegar sus ciudadanos.

La rebeldía ha sido una fuerza capaz de transformar sociedades enteras.

Y motivos para rebelarse no faltan.

Porque tener veinte años hoy es comprar un boleto para la frustración, recibir una lista interminable de responsabilidades, acompañada de una oferta bastante limitada de oportunidades.

Conseguir un departamento es casi misión imposible. El sueldo ya lo debes antes de que caiga la quincena y aquella promesa de que estudiar era garantía de movilidad social empieza a sonar como publicidad engañosa.

Así que no sorprende que los jóvenes estén furiosos.

Lo interesante es contra quién están dirigiendo esa furia.

Francia acaba de vivir una de sus jornadas de protesta más violentas de los últimos años. Lo que comenzó como una movilización contra el encarecimiento de la vida terminó, en distintas ciudades, con comercios saqueados, edificios incendiados y enfrentamientos con la policía.

El presidente Emmanuel Macron apareció en televisión hablando de ira y vergüenza. Responsabilizó a grupos de extrema izquierda y a delincuentes por los destrozos, aunque esas acusaciones deberán esclarecer en las investigaciones correspondientes.

Y hay algo que merece atención: el propio Macron distinguió entre las demandas legítimas de los manifestantes y quienes recurrieron a la violencia.

Porque no son lo mismo.

Y esta película, ya la hemos visto en México.

En Guadalajara, miles de personas salieron a las calles para exigir algo que, francamente, no debería necesitar una manifestación: agua limpia.

No exigen un privilegio. Piden abrir la llave y recibir agua que pudieran utilizar sin preocuparse por su calidad.

Después de meses de denuncias por agua turbia y maloliente, los vecinos decidieron protestar.

Y entonces aparecieron los encapuchados.

Durante la movilización del 18 de octubre, un grupo lanzó explosivos y provocó destrozos. Los propios manifestantes se deslindaron de esas acciones y expulsaron a algunos de los responsables.

Pensemos en lo absurdo de la escena.

Una comunidad sale a exigir que el gobierno cumpla con su obligación de proporcionar agua limpia y termina teniendo que defender su propia manifestación de quienes deciden incendiar edificios.

¿En qué momento exigir agua potable se convirtió en una oportunidad para lanzar bombas molotov?

Y que quede claro: ésta no es una crítica al derecho a protestar. La movilización social es indispensable en cualquier democracia. Hay indignaciones que no solamente son comprensibles, sino necesarias.

Pensemos en las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, en las mujeres que exigen justicia frente a la violencia o en las familias que llevan meses sin servicios básicos.

Pedirles que expresen su inconformidad discretamente, sin incomodar a nadie, sería tan absurdo como exigirles que agradezcan las condiciones que están denunciando.

Pero una cosa es incomodar al poder y otra muy distinta es destruir por destruir. Cuando una protesta por agua limpia termina convertida en una batalla campal, ¿de qué hablamos al día siguiente?

¿De las tuberías? ¿De la contaminación? ¿De las inversiones que no se hicieron? ¿De los funcionarios que deben responder?

No, hablamos de las bombas molotov, los vidrios rotos, los enfrentamientos y el vandalismo. Bueno y de si la persona con botarga de la Pantera Rosa en las protestas de Francia era IA.

Pero el punto es que la exigencia ciudadana pierde espacio en la conversación pública y el gobierno, que tendría que estar explicando por qué hay familias sin agua de calidad, termina hablando de seguridad y daños materiales.

Vaya manera de facilitarle el cambio de tema.

Esto no significa que toda manifestación con incidentes violentos pierda legitimidad. Tampoco que los gobiernos queden exentos de responder por el uso de la fuerza.

Significa que quienes aprovechan una causa para cometer actos violentos pueden terminar perjudicando precisamente a las personas que dicen defender.

Francia ofrece otra discusión que México haría bien en observar.

Según la OCDE, el gasto público francés alcanzó el 57.2% del PIB en 2025, muy por encima del promedio de la zona euro. Al mismo tiempo, el país enfrenta dificultades para contener su deuda y recuperar el dinamismo económico. Eso no significa que las vacaciones, los derechos laborales o los servicios públicos sean responsables, por sí solos, de la crisis francesa.

Pero sí obliga a plantear una pregunta que suele incomodar en el debate político:

¿Cómo financiamos las promesas del Estado si la economía no crece lo suficiente para sostenerlas?

Porque repartir recursos puede aliviar necesidades inmediatas, pero no sustituye la creación de empleos productivos, la inversión ni el crecimiento económico.

Y garantizar derechos exige algo más que anunciarlos.Exige instituciones capaces de hacerlos realidad y finanzas públicas que permitan sostenerlos.

México también debería discutirlo sin convertir cualquier cuestionamiento a la política económica en un ataque contra quienes reciben apoyos sociales. El problema no son las personas que necesitan ayuda. El problema aparece cuando el debate se reduce a prometer más beneficios sin explicar cómo se van a financiar, qué resultados producen y qué condiciones existen para generar mayor prosperidad. Y también cuando atribuimos todos nuestros problemas al mercado, como si el Estado fuera un espectador inocente.

Volvamos a Guadalajara.

El acceso al agua depende de decisiones sobre infraestructura, mantenimiento, saneamiento, inversión y gestión pública.

Responsabilidades concretas, con instituciones y funcionarios a quienes pedirles cuentas. No necesitamos inventar un enemigo abstracto para explicar por qué sale agua sucia de una llave. Necesitamos investigar qué falló, quién debía resolverlo y por qué no lo hizo.

Lo mismo ocurre con la vivienda en Francia: hay problemas de oferta, regulación, costos de construcción y capacidad adquisitiva que merecen discutirse con datos, no solamente con consignas.

La libertad económica, la competencia y la inversión forman parte de esa conversación. También la protección social y la obligación del Estado de garantizar reglas claras.

Defender el mercado no significa defender abusos empresariales, así como defender los derechos sociales no debería significar justificar cualquier intervención gubernamental.

Los jóvenes tienen razones de sobra para cuestionar el mundo que están heredando. La rebeldía también exige pensar, identificar responsabilidades y desconfiar de cualquiera que pretenda utilizar nuestro enojo para sus propios fines.

Romper cristales no hace que baje la renta en París.

Incendiar un edificio público no hace que salga agua limpia en Guadalajara.

Y pedirle al Estado que resuelva absolutamente todo, sin preguntarnos cómo lo hará ni con qué recursos, tampoco garantiza un futuro más próspero.

Porque rebelarse contra el poder tiene sentido. Lo verdaderamente absurdo sería terminar haciéndole el trabajo.